«La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo».
Paulo Freire
Cada año egresan de las universidades y tecnológicos miles de jóvenes en todo el país. La mayoría de ellos lo hacen de instituciones públicas y el restante de institutos privados. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las universidades particulares representan aproximadamente el 36.8% de la matrícula total en educación superior en el país. Es un logro para cada uno de estos alumnos haber aprobado todas las materias de su plan curricular; algunos de ellos, durante la licenciatura, realizaron prácticas profesionales, liberaron su servicio social y acreditaron el dominio de uno o más idiomas extranjeros. Es triste, pero en México, de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, sólo 28 egresan de la licenciatura y de estos, únicamente 14 se titulan y terminan su proceso formativo. Alguno de los factores que impiden que aumente el número de alumnos con cédula profesional son: el desconocimiento de las opciones de titulación en la institución donde cursan su programa de grado académico, el contexto socioeconómico de ellos y de sus familias que los llega a obligar a emplearse inmediatamente después de haber concluido o cursado todas sus materias, la falta de modalidades de titulación; independientemente de la realización de una tesis que su elaboración puede implicar varios meses o más y el costo de los gastos de titulación, que en algunos casos es excesivo; este último motivo en las escuelas privadas muestra una gran disparidad, ya que su rango de precios va de los dos mil pesos hasta algunos cientos de miles de pesos.
En el país el cobro de gastos de titulación en universidades privadas no está estandarizado debido a que, de acuerdo a la normatividad vigente, estas instituciones cuentan con la facultad para establecer sus propios esquemas de costos; siempre y cuando estos cumplan con los lineamientos generales de la SEP. Otra de las razones por las que pueden cobrar discrecionalmente por la emisión del título universitario es que dentro de este cobro se pone el pretexto de incluir cursos de preparación, asesorías personalizadas, servicios de gestión documental, prestigio, instalaciones y reputación de los centros educativos; estos gastos sin justificación alguna, llegan a ser impagables por personas que trabajan y estudian. Incluso a estudiantes que se titulan por promedio les exigen cantidades exorbitantes, en algunos casos las instituciones académicas han llegado a ocupar estos argumentos para justificar cobros excesivos, así como imponer a los alumnos plazos de tiempo con el fin de que hagan el pago de estos derechos, e inclusive para dar por concluido el trámite y en caso de que el alumno no lo haga, ellos se quedan con el dinero.
Sería una buena propuesta en los siguientes años que se logre la unificación de los costos de titulación a nivel nacional, tanto en instituciones educativas privadas, como públicas. Para lograr esto sería necesario un esfuerzo coordinado entre el gobierno, las escuelas, universidades y la sociedad civil. Por medio de regulaciones, incentivos, auditorías y la integración de plataformas tecnológicas. De esta manera podríamos avanzar hacia una mayor transparencia y equidad en los costos de titulación, protegiendo a los estudiantes de cobros desmedidos y de prácticas abusivas en perjurio de ellos.
Como sociedad necesitamos que las instituciones educativas tanto particulares y privadas rijan su actuar de forma consciente para elevar la calidad y el número de profesionistas debidamente titulados en el país. Sencillamente, es algo ruin y desalmado lucrar con la educación, ganar cantidades millonarias a cambio de condenar el futuro y el bienestar de la sociedad. Hay que hacer realidad lo que dijo el notable escritor francés Victor Hugo: «El que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión».
