El descubrimiento del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, cerca de Guadalajara es, efectivamente, “terrible”. Más de doscientos muertos, prácticas cavernarias, complicidades locales: el infierno. Más que una revelación, parece una confirmación de los aberrantes niveles de violencia que imperan en México, y que no concluyen, dígase lo que se diga. El gobierno afirma que los homicidios han disminuido, pero algunos tienen otros datos. Sergio Sarmiento cita un cálculo de Edu Rivera que cuestiona las cifras esgrimidas por las autoridades. Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, ya han sucedido 12,324 homicidios; un promedio de 77 diarios, 18% menos que el promedio sexenal de López Obrador. Pero en estos cinco meses, también se han producido 6,535 desapariciones, es decir 64 diarios, versus 41 en el mandato anterior. La suma de ambos -homicidios y desaparecidos- es sensiblemente igual.
Ahora bien, según los comentaristas cercanos al gobierno, e incluso los corresponsales extranjeros y las autoridades norteamericanas, ha tenido lugar un cambio de estrategia de seguridad entre el sexenio pasado y el actual. Se abandonó en los hechos la de “abrazos, no balazos”, es decir la de una cierta pasividad frente a los cárteles, limitándose las fuerzas de seguridad a responder a ataques, más no a iniciarlos. En el nuevo enfoque, se embiste al crimen organizado, incluso por la vía armada, decomisando drogas, armas, vehículos, efectivo y deteniendo a sicarios, cabecillas, y en ocasiones algún capo medio.
Resulta entendible que, suponiendo un cambio de estrategia, que el gobierno actual no la verbalice. Se podría molestar López Obrador, o sus simpatizantes más directos. El problema es que sin darla a conocer más que a través de lugares comunes, no sabemos cual es el objetivo de la misma: disminuir la violencia en el país -meta encomiable-, o reducir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos -meta también loable. Pero no es evidente que se trate de dos objetivos idénticos, complementarios o siquiera compatibles. Pueden serlo, o no. Es factible que los métodos, los recursos, y las consecuencias de cada una de las metas mencionadas sean muy diferentes, o incluso contradictorios. Un posible ejemplo de esta falta de sintonía surge del caso Sinaloa.
Existen tres explicaciones posibles de la conducta oficial frente a la min-guerra civil en Sinaloa, desatada por el secuestro o traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos. Una consiste en pensar que se trata de una puesta en práctica específica de la nueva estrategia general de “balazos, no abrazos”. Pacificado el estado del Pacífico, se aplicaría la nueva estrategia, ya con una eficacia comprobada en el terreno, a otras localidades críticas del país.
Una segunda explicación radica en la implementación prematura e improvisada de una estrategia nacional en un estado en llamas. Ante el estallido sinaloense, Sheinbaum, Harfuch y las fuerzas armadas no tuvieron más remedio que lanzarse sin haber completado todo el diseño o preparativos de la supuesta nueva estrategia, ya que la guerra entre los chapitos y la mayiza no permitía la posposición indefinida. En este caso, hay estrategia general y aplicación particular, pero antes de tiempo.
La tercera explicación sostiene que no hay tal estrategia global, sino simplemente una respuesta, más o menos coherente, más o menos eficaz, más o menos congruente, al caso Sinaloa. Puede o no funcionar lo que allí se lleva a cabo, y en el supuesto afirmativo, se verá si algo análogo se puede replicar en otros estados. El cambio en Sinaloa correspondería a la respuesta de las autoridades a la explosión de violencia a partir de septiembre, sin mayores reflexiones o debates sobre si se puede reproducir a escala de toda la república, o siquiera a algunas entidades.
Lo cual nos lleva a una tercera interrogante. Es perfectamente creíble que un nuevo gobierno, con nuevos integrantes, diseñe e implemente una nueva estrategia contra la violencia y el crimen organizado. Y puede funcionar. Pero en algún momento, los medios tienen que equivaler a los fines. Hacer más con los mismos recursos es una buena consigna, pero es inverosímil. No hay manera de realizar verdaderos logros contra el crimen organizado sin dedicarle a ese esfuerzo un mayor presupuesto. Todos sabemos que, desde tiempos inmemoriales, México destina un menor presupuesto relativo a la seguridad que otros países. En mi opinión para bien. Pero si ahora las autoridades desean hacer más, tendrán que poner más. A pesar de todas las pantallas de humo del presupuesto del 2025, se le entregaron menos recursos, o los mismos, a la seguridad que antes. Pensar que se puede hacer más con lo mismo, en esta materia, es iluso, o infantil.
Ya veremos si la nueva estrategia existe, y de ser el caso, si funciona. La comentocracia -expresión que inventé hace algunos años y que agradezco que Sheinbaum utilice- va a aseverar cada día con mayor frecuencia que sí. Yo no lo sé.
Excanciller de México
