Aunque desde el gobierno federal se niegue que está en curso la estrategia para efectuar una “elección de Estado” el próximo 2 de junio, los hechos demuestran que la Presidencia de la República hace todo para ganar a como dé lugar, cueste lo que cueste, hasta llevarnos a una “narcoelección”.
Confía el Jefe del Ejecutivo en que la aprobación que le dan las encuestas se trasladará, en automático, a los candidatos oficialistas. De cualquier manera, ha decidido acentuar el trabajo de compra de votos a través no solo de los programas sociales (cuyo costo se ha duplicado a costa de los impuestos que todas y todos pagamos), sino que este año, los mal llamados “Servidores de la Nación” operan directamente 733 mil millones de pesos, casa por casa, con el mensaje de que “son programas del Presidente y que podrían desaparecer si gana la oposición”.
Paralelamente a esta preocupante situación, en las últimas semanas ha asomado el rostro de la violencia política en los procesos electorales con el asesinato de tres precandidatos opositores en Cuautla, Morelos; Suchiate, Chiapas, y Armería, Colima; además del atentado fallido que sufrió nuestro actual diputado federal perredista, Mauricio Prieto, en Michoacán.
El fenómeno de la participación del crimen organizado en los comicios ya está presente, con la indolente complacencia gubernamental (tal como vimos en el 2021) ya que, en lugar de combatir a los delincuentes, se alían con ellos para hacer imperar el miedo y “ganar” a la mala.
Así pues, son estos nefastos poderes fácticos que ya controlan más de la tercera parte del territorio nacional, los que deciden quiénes son candidatos y quiénes ganan, lo cual hace de esta elección no solo una “de Estado”, sino —peor aún— una narcoelección de Estado; ahora para la presidencia y el Poder Legislativo (es muy probable que ya desde 2018 hayan apoyado a AMLO).
La respuesta a esta perversa estrategia no debe ser el silencio ni el miedo que paraliza, sino la denuncia pública, nacional e internacional, así como la presentación de recursos legales para exigir al Gobierno —en su conjunto— que otorgue seguridad a la población y a todos los participantes, para que los partidos y candidatos (mujeres y hombres) hagan campañas, el INE pueda organizar las elecciones, y haya una jornada comicial en paz y tranquilidad.
Eso, por una parte; por la otra, tanto sociedad civil como partidos debemos asumir que el mejor antídoto para vencer esta narco-elección de Estado, es convencer a la gente de que salga a votar el 2 de junio.
De ningún modo debe partirse de que “la elección ya está decidida” en favor de la coalición morenista y “que es mejor resignarse” y lograr cualquier resultado.
¡Ninguna elección está definida antes de las campañas, sino que los resultados dependen siempre de las estrategias y actividades de cada uno de los participantes!
Tampoco debe darse por hecho que, la aprobación que AMLO presume, se trasladará fielmente a sus candidatos, ya que esas mismas encuestas revelan que todas las políticas públicas de este sexenio están reprobadas: En seguridad, salud, educación, campo, inversión pública y combate a la corrupción. Y eso habrá que recordárselo a las y los votantes de carne y hueso.
El tamaño de la participación de la sociedad en las urnas será determinante.
Si se logra que, por lo menos, el 60 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores vayan a las urnas, entonces la estrategia de esta narcoelección de Estado en marcha puede ser derrotada y, con ello, cerraremos el paso a la descomposición de la vida nacional y evitaremos el tránsito hacia narcodictadura.
Nuestra querida Patria, México, está en juego ¡Defendámoslo!