La semana pasada recibí la llamada de un sobrino que radica en Los Angeles. Estaba horrorizado por las imágenes que vio del predio en Teuchitlán, Jalisco, del Rancho Izaguirre, en donde el crimen organizado entrenaba y/o mataba a decenas, quizá a cientos de personas. La llamada me sorprendió, pues mi sobrino no acostumbra a ver noticias, menos de México, y estaba en shock. Pero la prensa de Los Angeles dio la noticia, al igual que en México, de que ahí había un “campo de exterminio”. Incluso hay quienes, con fotografías, lo comparan con el infame Auschwitz de los nazis.

Por donde se vea, es otra tragedia para México. Tragedia que estas cosas sucedan en nuestro país. Tragedia que el rancho de apenas 5 mil metros cuadrados había sido asegurado por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, hace seis meses. Pero “nadie vio” la ropa, zapatos, huesos y hasta los crematorios que ahora dan cuenta los colectivos de familiares de desaparecidos y cuyas imágenes y videos han dado la vuelta al mundo.

Para el actual gobierno federal, el caso de Teuchitlán debe revivir la pesadilla que el gobierno peñista sufrió con Ayotzinapa y sus desaparecidos. Las similitudes son sorprendentes: el tema era “investigado” por las fiscalías locales (Jalisco y Guerrero, respectivamente); se especuló de la complicidad de autoridades municipales, y la presión mediática y social hizo que, en ambos casos, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera las investigaciones, aunque de manera reticente.

Y vaya que hay presión mediática sobre el tema. En los últimos 10 días hay más de 8 mil notas tan sólo en la prensa mexicana. En la prensa internacional hay también cientos de notas, incluyendo medios relevantes como la BBC, El País, Los Angeles Times, NBC News, CNN, AP y Fox News, entre muchos otros.

La respuesta de este gobierno, hasta ahora, es similar a la de los anteriores. Parece que usan el mismo manual: minimizar los hechos; anunciar nuevas medidas legislativas, como incrementar sanciones; buscar nueva tecnología y tratar de crear bases de datos de ADN. Lo mismo de siempre, pues.

Pero tan cierto es que algo está pasando, y seguramente en el gobierno federal lo tienen bien medido, que luego de convencer al Fiscal General de atraer el caso, ayer se dijo que de este no se va a informar en las mañaneras de Palacio Nacional. Tal parece que ahora sí recordaron que la FGR tiene autonomía.

La razón de lo que está pasando es que, de la enorme conversación digital (479 mil menciones con un alcance potencial de 597 millones de personas del 6 al 14 de marzo) en torno al caso de Teuchitlán, la mayor parte de la gente (24%) señala a Morena como responsable de lo sucedido, por la política de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que Movimiento Ciudadano (MC), que gobierna ahora y también gobernaba en el estado cuando ocurrieron los hechos, es el segundo señalado, pero apenas con 10% de la conversación total. Así que, pese a los esfuerzos que desde cuentas a favor del oficialismo se han creado para vincular el tema con MC, Morena es el partido que está pagando los costos.

Desde luego, lo acontecido no es culpa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tampoco del fiscal general, Alejandro Gertz. Pero la opinión pública se mueve con base en percepciones y este tema parece cristalizarse para culpar a Morena. Veremos qué anuncia mañana, en su rueda de prensa, el fiscal general. Mucho debió haber aprendido de los errores que, involuntariamente, cometió en el caso de Ayotzinapa su antecesor, el procurador Jesús Murillo Karam. Ahora, un caso igual de complejo, pero con mucha más exposición mediática, ha caído sobre el escritorio del fiscal. Para la FGR debe ser un déjà vu estar viviendo este tema.

Ojalá la FGR tenga mejor suerte que su antecesor. Pero, sobre todo, ojalá que las policías municipales y estatales hagan su trabajo y, si no, que sean sancionadas por sus omisiones. Todo recae en la Federación, dadas las negligencias que pasan en el ámbito local. Quizá sea ya el momento, ante la insensibilidad y falta de seriedad en las autoridades locales, de repensar las facultades y recursos que tienen para hacer investigaciones.

X: @JTejado

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