El pasado jueves, el gobierno de México publicó una tarjeta informativa en donde daba cuenta del “traslado” de 29 personas acusadas de narcotráfico a Estados Unidos. En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, señaló que el “traslado” era por el riesgo de que fueran “liberados” por jueces y/o que los procedimientos de extradición “siguieran atrasándose”.
El Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la presidenta de la Suprema Corte, se quejó de lo realizado y de la comunicación del funcionario federal “rechazando insinuaciones sobre jueces” al no tener sustento alguno.
¿Qué pasó en realidad? Dos cosas: por un lado, el gobierno estaba interesado —hasta urgido, y con razón— en dar pruebas a EU de que sí se combate el narcotráfico. Esto para tratar de salvar la imposición de aranceles a nuestras exportaciones. Pero, por otro lado, el gobierno y la FGR no avanzaban en los intentos para que jueces federales firmaran las extradiciones. Y es que, sencillamente, los jueces en México se sienten sin protección institucional del gobierno y de la Corte, por lo que firmar sentencias de extradición podría sencillamente equipararse a una sentencia de muerte para ellos y/o sus familiares.
Eso deja ver el avance del narco en el amedrentamiento de jueces, pero también lo descobijado que se sienten estos. Ante la urgencia, el gobierno trasladó a los mencionados 29 a EU. Esto podría tener consecuencias legales en un futuro para los funcionarios que lo autorizaron, por no tener sustento legal. Pero, sobre todo, nos deja ver lo “rotas” que están las instancias de justicia en México, en casos de seguridad nacional. Eso nunca había pasado y ahora hasta está documentado.
Esta falta de coordinación entre la FGR y los jueces federales es una tragedia. Pero, tristemente, hay que señalar que lo que vendrá con los nuevos jueces federales que serán elegidos el próximo 1 de junio será peor, por mucho.
Lo anterior, pues tendrán una curva de aprendizaje en materia penal que durará meses, en el mejor de los casos. Pero el gran riesgo es que los jueces penales sean elegidos —impuestos— por el crimen organizado. Y es que las reglas que está fijando el INE para la elección le dan facilidad a las estructuras criminales para hacerlo.
Tenemos tres relevantes centros federales de máxima seguridad (cárceles) en el país. En estos centros, los jueces y magistrados llevan las decisiones de los internos. Utilicemos como ejemplo el más icónico de ellos: el Altiplano, en Almoloya de Juárez. Para elegir a los jueces y magistrados adscritos a ese centro federal, el INE dividió al Estado de México en tres distritos judiciales. Sólo en el Circuito Dos se elegirán los juzgadores de Almoloya. Así, en esta elección venidera se va a elegir a dos magistrados penales y dos jueces federales en Almoloya. El padrón de votantes en este circuito es de 4.4 millones de personas, según el INE. Y, con una participación proyectada de 10%, apenas votarán 400 mil personas. Esto significa que el crimen organizado, interesado en las personas ya detenidas ahí o que pudieran serlo, con menos de 200 mil votos podrá poner jueces a modo en el penal federal más relevante del país.
Pero, hay dos formas adicionales de incidir en esa elección: dado que es la primera elección en la que las boletas no usadas en las casillas no serán anuladas, el crimen organizado puede interceptar el traslado, antes de llegar a las oficinas del INE, y marcarlas a favor de los candidatos de su interés. La tercera opción es que en el conteo de votos que se hará en los consejos distritales del INE se coopte a los escrutadores y se altere la votación. Dado que los resultados se darán hasta 12 días luego de la elección, hay mucho tiempo para ello.
Así, considerando que la elección judicial es sujeta a la manipulación electoral de cualquier otro proceso y, sobre todo, dado que los juzgadores penales de Almoloya sólo serán votados por unos cuantos ciudadanos en un “pedacito” del Edomex, los riesgos de la injerencia del crimen organizado son elevados.
Por su relevancia, la elección de los jueces de Almoloya y Puente Grande debiera de hacerse a nivel nacional. Esto complicaría la intervención del crimen organizado y de otros poderes fácticos. Es un tema de seguridad nacional en la que el Estado se debe aplicar y prevenir riesgos. Aún hay tiempo. Lo que se ha hecho hasta ahora, al contrario, es poner en bandeja de plata al narco la elección venidera de los jueces más importantes del país.
X: @JTejado
