UNAM: Amparar a unos, desplazar a muchos

Ya se presentaron los primeros amparos contra el examen de control de la UNAM. Entre los muchos grupos que podrían promoverlos, hay uno cuyo planteamiento suena impecable. Me refiero a los aspirantes que estudiaron, no hicieron trampa, superaron el puntaje de ingreso a alguna carrera y ahora piden acceso directo. Se niegan, en pocas palabras, a examinarse de nuevo.

El argumento parece obvio. Pero el caso es mucho más complejo de lo que aparenta.

Lo que está en juego no son solo los derechos de ese grupo. También está en juego la integridad del proceso de admisión y, sobre todo, los derechos de otros aspirantes que tampoco hicieron trampa y que, en condiciones normales, habrían sido admitidos, pero que no alcanzaron el puntaje mínimo precisamente porque la trampa desplazó los umbrales hacia arriba.

Mal harían las juezas y los jueces de distrito en resolver este conflicto como si ocurriera en el vacío. A menos que quieran cerrar los ojos a la realidad y pecar de un formalismo inaceptable, deberán partir del contexto y de los datos duros.

Y el primer dato duro es que el examen en línea falló, que las irregularidades fueron numerosas y que los resultados fueron atípicos. Los puntajes publicados por la UNAM (esos en los que se apoyan los reclamos) no son, ni podrán ser, mínimamente confiables

En algunas carreras el fenómeno fue dramático. Según la estimación de Arturo Erdély, en la admisión para Medicina de Ciudad Universitaria el 98.2% de las personas admitidas correspondería a casos “atípicos”, esto es, casos en los que muy probablemente los aspirantes recibieron algún tipo de apoyo indebido.

De ahí se sigue algo que cualquier tribunal sensato no podría ignorar. Si todos los admitidos presentaran un amparo y los jueces les dieran la razón, en una carrera como Medicina podríamos terminar con una generación en la que 98 de cada 100 plazas fueran asignadas a personas que muy probablemente hicieron trampa. Y como los espacios son escasos y fijos, cada lugar así asignado desplazaría a alguien más, esto es, a un aspirante que hizo las cosas bien y que, sin la trampa, habría entrado.

Por eso creo que los amparos deben resolverse conforme a los parámetros que, desde hace años, ha fijado la Suprema Corte de Justicia para resolver conflictos entre derechos. En particular, los tribunales deberán aplicar un test de proporcionalidad.

Un juez que entienda la complejidad advertirá que el examen de control persigue fines constitucionalmente legítimos (la integridad del proceso y los derechos de quienes fueron desplazados); que es idóneo para alcanzarlos, pues permite volver a medir en condiciones controladas; que no existe alternativa igualmente eficaz y menos restrictiva, como argumenté en estas páginas la semana pasada; y que es proporcional en sentido estricto, porque lo que se gana es mayor que la carga que se impone a quienes ingresaron honestamente y solo tendrán que presentar un examen equivalente.

Esa carga es real y no debe minimizarse. Pero es menor que lo que ganamos en términos de integridad y de protección a los muchos que no hicieron trampa y fueron excluidos por la trampa.

Esa me parece la ruta jurídica correcta. Ojalá los tribunales la sigan y no acaben protegiendo los legítimos intereses de unos cuantos a costa de los derechos de muchos.

Javier Martín Reyes.

Investigador en el IIJ-UNAM y en el Instituto Baker.

X: @jmartinreyes.

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