La existencia de un probable centro de entrenamiento y exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, es un reflejo de la profunda crisis que enfrenta el sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Más allá de exhibir la negligencia e irresponsabilidad de los servidores públicos involucrados, es un recordatorio tan aterrador como previsible de las reformas que faltan y de las que sobran. En vez de corregir estructuralmente los problemas de un sistema en ruinas, el obradorismo se ha empeñado en impulsar una reforma judicial que no solo no mejorará las cosas, sino que las hará aún peores. El país se ha convertido en un cementerio y tenemos un gobierno empeñado en debilitar y capturar al poder judicial.
Comencemos con lo obvio: la forma en que las autoridades federales y locales han intentado eludir su responsabilidad es escandalosa. Según se ha documentado en este diario, el rancho fue asegurado por la Guardia Nacional el 18 de septiembre, es decir, hace casi medio año. Por eso resulta absurdo que el fiscal Alejandro Gertz Manero califique el caso como “muy crítico y muy grave”, pero al mismo tiempo diga que la Fiscalía General de la República (FGR) no atraerá la investigación y esperará hasta tener “certeza de las responsabilidades” de las autoridades locales. Llevan seis meses sabiendo de un posible campo de exterminio y la FGR sigue esperando “certeza”. Aquí la única certeza es que no quieren hacer su trabajo.
En realidad, la Fiscalía General no tiene ninguna razón para esperar. No solo porque sobran motivos para que atraiga la investigación de delitos del fuero común cometidos en el rancho, sino porque los delitos de delincuencia organizada corresponden a la federación. Y, de nuevo, todo indica que desde hace más de seis meses las autoridades sabían de un sitio donde probablemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaba un campo de entrenamiento y exterminio. No es tiempo de que las instituciones sigan pasándose la bolita de manera irresponsable.
Pero más allá de la negligencia y las omisiones de las autoridades, el caso es una prueba del estado crítico en el que se encuentra el sistema de seguridad pública y procuración de justicia. Ya lo sabemos: México es el país de la impunidad. Según el INEGI, la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian y nunca llegan al conocimiento de las autoridades, supera el 90%. Y el índice general de impunidad, los delitos que sí se denuncian pero no terminan en sentencia o en una salida equivalente, es igual de alto, tanto en el ámbito federal como en el local.
Si algún día aspiramos a que no haya otro Teuchitlán y a que los responsables de estos crímenes enfrenten consecuencias, necesitamos una reforma profunda del sistema. Lo sabemos desde hace años: nuestras policías carecen de entrenamiento adecuado, no reciben
salarios dignos y no tienen garantizados derechos laborales básicos. Algo similar ocurre en las fiscalías: no hay suficiente personal entrenado, las capacidades de investigación y la presión política distorsiona la toma de decisiones. Mientras no con policías y fiscalías que sepan investigar y judicializar exitosamente los casos, México seguirá siendo un cementerio que no deja de crecer.
Por supuesto, ni el gobierno de López Obrador ni el de Claudia Sheinbaum son culpables de las condiciones estructurales que permitieron la tragedia de Teuchitlán. Pero sí son directamente responsables de impulsar una reforma judicial absurda que no solo no resuelve los problemas de fondo, sino que los agravará. Es evidente que los poderes judiciales, especialmente los locales, necesitan una reforma para hacerlos más fuertes, más independientes y con mayor capacidad para impartir justicia. Pero lo que hicieron fue otra cosa: una reforma para purgar, capturar y debilitar a todas las judicaturas. No para mejorar la justicia, sino para llenar esos espacios con la lógica de las cuotas y de los cuates.
Esa es quizá la mayor tragedia de la reforma judicial: incluso si algún día alguien se atreve a transformar profundamente las policías y fiscalías, después tendrá que hacer otra reforma para reconstruir los poderes judiciales. No solo para recuperar lo que perdimos con la reforma Obrador-Sheinbaum, sino para atender los pendientes históricos. De ese tamaño es el retroceso. De ese tamaño es la irresponsabilidad. De ese tamaño seguirá siendo el dolor de las víctimas y de una sociedad que seguirá viviendo tragedias como la de Teuchitlán.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
