Vivimos en un contexto de enorme inestabilidad constitucional. La Constitución de hoy no es la misma que la de la semana pasada y, con alta probabilidad, será distinta de la que tengamos el próximo mes. Apenas el lunes se publicaron tres nuevas reformas: una sobre bienestar, otra sobre la vivienda de las personas trabajadoras y una más relativa a la protección y cuidado animal. Sin embargo, hay más: este martes la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que, aunque parezca una broma, busca prohibir a nivel constitucional los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Podría parecer un episodio más de nuestro fetichismo constitucional, pero en realidad es un síntoma grave de los vicios del constitucionalismo obradorista. Vista con detenimiento, esta reforma revela las falencias ideológicas del obradorismo, su desprecio por la Constitución y su incomprensión de la relación entre el conocimiento científico y el derecho. Vamos por partes.
Esta ocurrencia constitucional no es un accidente. Es el resultado del “Plan C” del expresidente López Obrador. Además de purgar al poder judicial, desaparecer a buena parte de los órganos autónomos y socavar las bases de las elecciones libres, entre estas iniciativas López Obrador propuso una reforma al artículo 4º de la Constitución. Específicamente, propuso que “[p]ara garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley”.
Lo de menos es que el expresidente colocara a los vapeadores en la misma categoría que el fentanilo —la iniciativa prohíbe, en el mismo párrafo, “el uso ilícito del fentanilo”—. Lo primero que llama poderosamente la atención es que el obradorismo no tenga objeción en ser contradictorio consigo mismo. “Prohibido prohibir” no solo fue una de las frases hechas favoritas de López Obrador; también está inscrito como el postulado número 63 de los 100 postulados de un/una morenista, una suerte de “libro guinda” del obradorismo Parece que los principios del compañero López Obrador son obligatorios —a menos que él mismo diga lo contrario—.
Por otra parte, es especialmente preocupante que Morena y sus aliados hayan decidido consagrar en la Constitución —la norma más rígida de nuestro sistema jurídico— una cuestión que requiere máxima flexibilidad. Si realmente quisieran “garantizar el derecho a la protección de la salud”, deberían reconocer lo obvio: los efectos de los cigarrillos electrónicos y vapeadores son una cuestión empírica, no ideológica.
Y aquí viene el problema más grave: los riesgos asociados a estos dispositivos no son estáticos, sino dinámicos. Evolucionan al ritmo de los avances tecnológicos y del conocimiento científico. Lo que sabemos sobre los vapeadores de hoy podría cambiar radicalmente o variar con los vapeadores de mañana. Pretender establecer una prohibición general y con vocación de permanencia en la Constitución es un disparate del tamaño de una catedral: una demostración de cómo se desprecia el conocimiento científico en nombre de las obsesiones políticas del expresidente.
No solo estamos frente a una política pública mal diseñada. La iniciativa es también un reflejo de que transitamos no solo a un régimen más autoritario, más autocrático, más militarizado… sino también a uno con una profunda vocación anticientífica. Con esta reforma, la Cuarta Transformación demuestra que no está dispuesta a dejar que los hechos, la realidad y el conocimiento interfieran con su narrativa.
En un país azotado por la desigualdad, la violencia y la regresión democrática, esta iniciativa no es solo una distracción. Es un recordatorio brutal de cómo el obradorismo pretende transformar nuestra Constitución en un capricho personal, más preocupado por eternizar las obsesiones del expresidente que por resolver los problemas reales de México. Y quizá, por mínimo decoro, el oficialismo debería reformular su principio: “Prohibido prohibir… excepto cuando lo prohíba López Obrador”.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
