La iniciativa que presentó la presidenta Sheinbaum para reformar la Ley de Amparo no sólo es regresiva y violatoria de derechos humanos. Es, además, un ejemplo claro de cómo el obradorismo y sus voceros están dispuestos a recurrir a las más burdas trampas para buscar su aprobación. A continuación sintetizo tres de ellas.
1. Usar una ley secundaria para burlar la Constitución
Como expliqué la semana pasada en estas mismas páginas, la reforma Sheinbaum busca cerrar las puertas de los tribunales, de tal forma que sea más difícil —o casi imposible— presentar amparos contra actos que generen afectaciones indirectas a los intereses legítimos de todos (grupos vulnerables, integrantes de poblaciones afectadas, organizaciones sociales, etc.).
Si la honestidad fuese uno de sus valores, la iniciativa hubiera tenido que apostar por una ruta distinta: reformar, de plano, la Constitución para desaparecer el interés legítimo. La presidenta y su equipo jurídico, en cambio, optaron por la farsa: reformar una ley secundaria para redefinir el interés legítimo de una forma que prácticamente lo vuelve inservible.
En pocas palabras: con una trampa conceptual, la iniciativa convierte en letra muerta la supremacía constitucional.
2. Manipular los precedentes de la Corte para decir que todo sigue igual
Una de las mayores mentiras que han repetido muchos, sobre todo los porristas del oficialismo como Arturo Zaldívar, consiste en afirmar que la reforma Sheinbaum no cambia nada, pues se limita a poner en la ley lo que ya había dicho la Corte. Se trata de una burda mentira, que no resiste un análisis jurídico serio.
Pongo un ejemplo: para redefinir el interés legítimo y exigir que la concesión del amparo genere un beneficio “directo”, la iniciativa presidencial cita un criterio de la Corte de 2014: la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.). El pequeño gran detalle es que esa jurisprudencia —en la que por casualidad o causalidad fue ponente el impresentable Zaldívar— en ninguna parte establece que el beneficio debe ser “directo”.
Y, de hecho, si los propagandistas del régimen leyeran la sentencia que dio origen a esa jurisprudencia (contradicción de tesis 111/2013), verían que en ella se dice, con toda claridad, que la definición de los alcances del interés legítimo “deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores” y que “el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo”.
En suma: el precedente que cita la iniciativa presidencial no sólo la contradice, sino que revela que la estrategia seguida es exactamente la que la Corte desaconsejó.
3. Apresurar la discusión alegando que la iniciativa solo busca implementar la reforma judicial.
Diversas voces del oficialismo han sostenido que no tiene mucho caso discutir a fondo esta iniciativa, pues se trataría simplemente de una implementación o desarrollo de la reforma judicial aprobada el año pasado. Nada más falso.
En realidad, la iniciativa impone cambios que rebasan —y agravan— la ya de por sí destructiva y regresiva reforma judicial. Entre las novedades que introduce la propuesta de Sheinbaum para reformar la Ley de Amparo se encuentran: i) la desnaturalización del interés legítimo (artículo 5), ii) la limitación a ciertos amparos relacionados con créditos fiscales (artículo 107) y iii) la restricción a las suspensiones de actos presuntamente vinculados con recursos de procedencia ilícita, o bien, actos relacionados con el otorgamiento o la revocación de servicios que requieran permisos, autorizaciones o concesiones (art. 129).
Estamos, para decirlo pronto, ante una iniciativa “novedosa”, pero por las peores razones: impone límites y restricciones adicionales y que van más allá de las de la reforma judicial.
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Por elemental honestidad y responsabilidad, la reforma Sheinbaum a la Ley de Amparo ameritaría una discusión seria y pausada. Un parlamento abierto, una consulta a expertos o cualquier espacio de deliberación genuino, en el cual el oficialismo esté dispuesto a escuchar argumentos y renunciar a las trampas que hasta el momento ha empleado para defender esta iniciativa.
Mucho me temo, sin embargo, que si el oficialismo abre finalmente algún espacio, será poco más que una simulación. Así sucedió con la reforma judicial, así está ocurriendo con la reforma electoral y muy probablemente así sucederá con la reforma al amparo.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
