Después de meses de especulación, retrasos persistentes y un PowerPoint tramposo, la presidenta Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma electoral. Es, ciertamente, menos destructiva que el Plan C electoral de López Obrador y contiene algunos aspectos positivos. Pero, en términos generales, estamos ante una propuesta que limita la competencia electoral, agrava la sobrerrepresentación de Morena y abre la puerta a la censura. Van los puntos más preocupantes —y una advertencia sobre lo que viene después—.
La iniciativa recorta en un 25% el financiamiento público a los partidos y reduce en más del 27% los tiempos en radio y televisión. Se trata de una medida claramente regresiva, sobre todo en un país donde, según estudios como el de Casar y Ugalde, por cada peso reportado oficialmente hay quince de dinero sucio. El problema del financiamiento ilícito en México es brutal y sistémico. La iniciativa de Sheinbaum, lejos de corregirlo, lo agrava: al quitarle uno de cada cuatro pesos lícitos a los partidos, incrementa su dependencia del dinero ilegal. Y esa dependencia golpea más a la oposición, por la simple razón de que no controla ni el gobierno federal ni la mayoría de los estatales y municipales. México necesitaba una reforma contra la narcopolítica; la presidenta presentó una que profundiza la dependencia del financiamiento ilícito.
Otra medida claramente regresiva es la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional. Si se aprueba, los votos de quienes no voten por el primer o el segundo lugar se irán a la basura. Como ha mostrado Javier Aparicio, la medida beneficia a Morena y perjudica a los partidos pequeños. Y, de nuevo, el contexto importa —y mucho—. La presidenta promueve una mayor distorsión en un país con niveles de sobrerrepresentación brutales: con el 54% de los votos, Morena y aliados se quedaron con el 73% de la Cámara de Diputados. Donde había que corregir, se optó por profundizar.
También preocupa la regulación de la inteligencia artificial. La iniciativa pretende que las plataformas digitales, televisoras y radiodifusoras “eviten la difusión” de contenido electoral no etiquetado. La redacción es tan amplia como peligrosa: abre la puerta a la censura previa, violando los estándares más elementales de libertad de expresión, según los cuales las responsabilidades deben ser posteriores —y no anteriores— a la difusión.
Hay, por supuesto, aspectos positivos (aunque a veces redundantes): el método de mejores perdedores para 100 diputaciones, que incentivaría la competencia en distritos que los partidos consideran perdidos; las prohibiciones de financiamiento extranjero y de recursos ilícitos; y la eliminación de aportaciones en efectivo. Se trata, no obstante, de medidas que no compensan las regresiones.
Con todo, quizá lo más importante es lo que viene después. Porque la discusión no terminará con esta iniciativa. Incluso si se eliminan sus aspectos más regresivos, o incluso si no se aprueba —por el bloqueo del PVEM o del PT—, Morena siempre tendrá la oportunidad de aprobar una reforma ya no constitucional, sino de leyes secundarias, que igualmente podría ser regresiva. Y no es especulación: así hizo López Obrador cuando fracasó su Plan A y optó por su Plan B. La propia presidenta ha dicho, sin dar muchos detalles, que tiene su plan alternativo.
Y en ese escenario, el panorama es francamente malo. Para una reforma legal, Morena ya no necesita a todos sus satélites. Y si se aprueba, no tendremos, como en el pasado, una Suprema Corte mínimamente independiente que pueda frenarla. La vieja Corte detuvo el Plan B de López Obrador. La nueva Corte —capturada, subordinada, sometida a la amenaza permanente de juicios políticos y desafueros— difícilmente frenará a la presidenta.
Javier Martín Reyes. Investigador en el II-UNAM y en el Instituto Baker. X: @jmartinreyes.