La reforma judicial no empoderó al pueblo; empoderó a quienes controlan la maquinaria electoral
Mario Maldonado publicó la lista… y los chats jurídicos y electorales estallaron. En su columna del pasado lunes en El Universal, Mario reportó que hace escasos diez días, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación encabezada por Rosa Icela Rodríguez, se reunieron gobernadores y “altos funcionarios” de Morena. ¿El objetivo? Transmitirles la lista de las candidaturas que habría que impulsar para la Suprema Corte (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF).
Partamos de lo obvio: es muy difícil saber, con certeza absoluta, si la reunión se realizó exactamente así y si esos son los perfiles que Rosa Icela Rodríguez —y quizá Claudia Sheinbaum— buscan impulsar. La razón es sencilla: de haberse llevado a cabo en esos términos, estaríamos frente a una flagrante violación constitucional. El artículo 134 prohíbe usar recursos públicos para influir en la equidad de la contienda y el 96 impide a los funcionarios hacer proselitismo o posicionarse respecto a las candidaturas judiciales. Esta administración ha hecho muchas cosas, pero hasta ahora no ha dejado constancia documental de violaciones tan burdas. Y es que, en ocasiones, el autoritarismo cuida las formas cuando la ilegalidad es tan evidente.
Quizá haya dudas sobre la autenticidad de la lista, pero lo cierto es que resulta completamente verosímil. Pensemos, por ejemplo, en los nombres de mujeres incluidas para la Suprema Corte: las tres ministras en funciones, la exconsejera jurídica de López Obrador y un alto mando de la FGR. Un listado totalmente obradorista. Más importante aún, la reacción política ha sido la de quien da por buena la filtración: actores que ya se están alineando, lamentando o celebrando la lista como si fuera definitiva. Aunque nadie la reconozca oficialmente, su efecto es real; la lista ya empezó a operar. La lista puede ser apócrifa, pero el mensaje político que manda es muy auténtico.
Más revelador aún es que a nadie le sorprenda la posibilidad de que el gobierno se haya metido hasta la cocina en esta elección judicial. En sentido estricto, Claudia Sheinbaum ya hizo su parte: presentó sus candidaturas a través de un comité de evaluación dominado por perfiles obradoristas, que llenaron las listas con aspirantes afines. Jurídicamente, su intervención debía concluir ahí. Políticamente, no han soltado el control. No se conformaron con definir candidaturas; ahora quieren asegurar resultados. No les basta incidir: quieren imponer. Van por todo.
Por eso la lista atribuida a la Segob no escandaliza. Porque ya nadie cree que esta reforma judicial fue diseñada para que el pueblo elija libremente a sus jueces. Lo que hubo fue una operación cuidadosamente diseñada para que Morena obtuviera el control. Por eso impusieron reglas restrictivas absurdas —como prohibir el financiamiento público y privado—, porque nunca pensaron competir limpiamente. Si la contienda está diseñada para fracasar como elección democrática, es porque siempre fue concebida como mecanismo de captura. Esta no es una elección libre: es una bomba atómica para destruir y controlar el poder judicial.
Lo único que parece no haber sido previsto fue la complejidad operativa. Por más que quieran, es muy probable que el aparato de movilización de Morena y sus aliados no alcance para tener, en cada sección electoral, una lista precisa y unificada. Ya lo he dicho antes: esta reforma creó una subasta de jueces. Todo actor con poder o recursos tendrá incentivos para incidir. Por eso tiene lógica la hipótesis consistente en que el obradorismo concentrará su músculo en los tres órganos clave: la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior. En esos espacios, es posible que impere la lógica de la movilización partidista. Ahí no habrá tómbola; habrá línea.
Pero fuera de esos cargos estratégicos, es posible que impere otra lógica: la del Melate judicial. Pienso, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde cada persona votará en nueve boletas por decenas de cargos. Aun con movilización, es probable que la mayoría llegue con tres o cuatro listas. ¿Qué pasará con las otras boletas? ¿Anularán? ¿Dejarán en blanco? ¿O jugarán al azar? “De tin marín” como método de elección judicial. Dicho de otro modo: una tómbola no solo para postular candidaturas, sino también para asignar cargos judiciales. De la tómbola salimos; a la tómbola volvemos.
Sea cual sea la lógica dominante, habrá muchos actores políticos interesados en movilizar el voto. Desde los grandes operadores de Morena hasta pequeños empresarios del acarreo. Algunos querrán complacer al poder; otros verán oportunidad en los márgenes. En elecciones con tantos cargos y una participación tan reducida, unos cuantos votos pueden ser decisivos. Este proceso será un festín para los operadores electorales.
Sólo los resultados definitivos nos dirán hasta dónde llegará la maquinaria de Morena y sus aliados. Puede que se lleven carro completo; puede que la movilización tenga sus límites. Puede que algunos aspirantes no alineados ganen y no le deban el cargo al oficialismo. Claro: muy probablemente se lo deberán a otros actores —facciones, sindicatos, iglesias, crimen organizado— o simplemente a la buena suerte. Así de absurdo es el nuevo sistema; la movilización y la suerte podrán más que el conocimiento y el mérito. Esa es nuestra tragedia: México se juega su justicia entre la movilización obradorista y el Melate judicial.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
