En los últimos días ha circulado un documento que sacudió a la comunidad jurídica. Se trata de lo que, con toda probabilidad, es el borrador del proyecto que el ministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó para resolver la disputa sobre las candidaturas del poder judicial en la próxima elección. La magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral (TEPJF) —uno de los órganos que irresponsablemente generó este conflicto—, reaccionó con incredulidad: “ojalá que no sea real”. Se entiende su preocupación. El borrador desnuda la aberrante actuación del Tribunal Electoral en los últimos meses y constituye una radiografía —o más bien una autopsia— de un órgano que, de naufragio en naufragio, terminó por hundirse.
Recordemos cómo llegamos a esta crisis. El problema de fondo es que hay resoluciones contradictorias sobre si la elección judicial puede continuar o no. Jueces de distrito dictaron suspensiones para frenar el proceso y el comité judicial acató la orden —fue el único, por cierto—. Luego vino la irresponsabilidad del Tribunal Electoral: en resoluciones de una pobreza argumentativa alarmante, dijo que no revisaría las suspensiones, pero al mismo tiempo ordenó que la elección siguiera. Tres magistrados electorales pusieron así entre la espada y la pared al comité judicial, incluso con la amenaza de denuncias penales.
Este es el conflicto al interior del poder judicial que busca resolver la ponencia del ministro Gutiérrez. El borrador es severo con todos los órganos involucrados: reconoce que los jueces de distrito se excedieron, pero señala que la Sala Superior se superó a sí misma… para peor. En palabras del proyecto: “Esta competencia extra-legal que adoptó la Sala Superior” es una muestra de los peligros de “juzgar por sí, ante sí y fuera de cualquier cauce institucional, que otra autoridad no tiene legitimidad y sus actuaciones carecen de validez. No hay Estado de derecho que sobreviva esta aberración”. Y es que, si el Tribunal Electoral puede violar Constitución y derechos, invadir competencias y ponerse al servicio del poder político, queda claro que hablar de un estado de derecho en México es poco más que una ficción.
Pero más allá del caso concreto, este episodio evidencia el fracaso del Tribunal Electoral en tres dimensiones: diseño, designaciones y decisiones. A estas alturas, es claro que la coexistencia de dos tribunales de última instancia —uno generalista y otro especializado— solo funciona si el segundo entiende su papel secundario frente al primero. Lo que hemos visto en estas semanas es exactamente lo contrario: un tribunal más soberbio que sensato, que se mete en la cancha del amparo sin ningún pudor y que, con un descaro inaudito, le dice a la Suprema Corte que no tiene la facultad de resolver el conflicto que el mismo Tribunal Electoral provocó —cuando es una facultad expresamente contemplada en la ley y existen precedentes—. Un tribunal así solo puede ofrecer arbitrariedad.
El fracaso también se explica por las designaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. No olvidemos que, como se reportó en las páginas de este diario, la actual integración de la sala se decidió en 2016 bajo la lógica de las cuotas y los cuates. Y no solo eso: en su momento, el PRI, PAN y parte del PRD extendieron el mandato de cuatro magistrados, robándose así designaciones futuras y con la esperanza de capturar a la sala. En un primer momento, la estrategia rindió frutos: antes de 2018, la mayoría de la sala sirvió a quienes los nombraron. Luego todo cambió: nuevas mayorías, nuevas lealtades. De 2018 a la fecha, ha habido momentos mejores y peores, pero la tendencia es clara: la Sala Superior es hoy un apéndice de Morena. Pasó de tribunal capturado a tribunal mercenario.
Como no podría ser de otra forma, la crisis también se manifiesta en sus decisiones. Después del burdo soborno judicial para ampliarles (una vez más) su mandato, la mayoría de la Sala Superior ha pagado la factura. Primero fue el aval al fraude de la sobrerrepresentación, luego las resoluciones absurdas que generaron el choque con los jueces de amparo. Y no olvidemos, además, decisiones que solo cabe definir como autoritarias: aquellas que cerraron las puertas del Tribunal Electoral a ciudadanos que, con toda legitimidad, denunciaron las múltiples irregularidades de la tómbola judicial.
Desde esta perspectiva, el documento del ministro Gutiérrez no es solo un proyecto de sentencia, es un epitafio judicial. Por supuesto, eso no significa que el Tribunal Electoral vaya a desaparecer. Todo lo contrario: los magistrados que hoy operan como delegados de Morena seguirán ahí y, posiblemente, serán premiados en el futuro. El Tribunal Electoral seguirá existiendo como ente político, pero ha muerto como órgano jurisdiccional. Con él, también ha muerto la idea de tener un tribunal independiente para garantizar elecciones limpias y defender derechos políticos. Como dijimos en su momento —aunque muchos se rasgaron las vestiduras—: ya no es ni tribunal ni electoral, sino una oficina de gestiones partidistas. Cuando un tribunal deja de impartir justicia y se dedica a la política, quizá solo queda enterrarlo.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes
