La imagen es brutal. El desenlace fue peor. Irma Hernández, otrora maestra y, últimamente, taxista en el ejido Pueblo Nuevo, fue secuestrada el pasado viernes 18 de julio, por un grupo criminal en Veracruz. El domingo aparece en un video arrodillada, a sus 62 años de edad, rodeada por 12 tipos armados para que, de viva voz, pidiera a sus compañeros de gremio que paguen la cuota que cobra este grupo criminal, “o van a terminar como yo”. Un día después su cuerpo fue encontrado sin vida. El drama de Irma jamás se irá de la memoria de muchos de nosotros, que tenemos alma y conciencia. No parece que sea la posición oficial. Los homicidios dolosos, los feminicidios y las desapariciones son más una estadística y parte del paisaje cotidiano, que dramas humanos. Ah, pero no todas las mujeres corren la misma suerte que Irma. Hay unas muy afortunadas, arropadas por el régimen, para que nadie se atreva a rozarlas con una tecla, con una voz.
Se trata de casos verdaderamente escandalosos en los que, so pretexto de evitar la violencia política de género, cualquier comentario, nota informativa (ya no se diga opinión personal), puede provocar multas económicas, publicaciones absurdas y reiteradas, lecciones de moral y buenas costumbres. Esto se llama censura. Podrán envolverse en la bandera del feminismo, que no lo es. Más bien se trata de abuso del poder político, sirviéndose de una noble causa que, en la especie, no se debería invocar. Ahí están los casos de Tania Contreras —presidente electa del Supremo Tribunal del Poder Judicial de Tamaulipas— quien se dolió por una columna de nuestro compañero Héctor de Mauleón publicada en las páginas de este diario.
Me consta que el texto de referencia era estrictamente noticioso y escandaloso, por la historia relatada. Y vino el caso de Diana Karina Barreras Samaniego, mejor conocida como “dato protegido”, contra una ciudadana (Karla María Estrella Murrieta), que puso en evidencia el nepotismo y tráfico de influencias que llevaron a la quejosa a una diputación. Otro aberrante caso es el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien se le fue encima al periodista Jorge González Valdez, (exdirector del portal “Tribuna”), y provocó la imposición de una sanción económica y que el medio de comunicación suspendiera todas sus actividades. Y aún hay más.
Ahora, Abelina López, la reelecta alcaldesa de Acapulco, se le fue encima a Jesús Gabriel Castañeda Arellano, director de “Acapulco Trends”, por supuesta violencia de género, ya que el medio de referencia tuvo la osadía de publicar una nota en la que se da cuenta de las observaciones por supuestos desvíos que alcanzarían los 898 millones de pesos, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Nótese que, en todos los casos, quien dicta la sentencia es un tribunal electoral, sí, de esos que se crearon para garantizar imparcialidad, legalidad y certeza en los procesos electorales, proteger los derechos político-electorales y consolidar la democracia. Una vergüenza.
Abogado. @JLozanoA
