El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer el 19 de septiembre las conclusiones preliminares de la misión del organismo que visitó México en agosto. Este ejercicio servirá de base para la elaboración de un documento más extenso que será discutido por su Directorio Ejecutivo.
Por tanto, representa el preámbulo de uno de los insumos de mayor trascendencia para la política económica en México. Lo anterior debido en parte a que está elaborado por un equipo de gran experiencia y alto nivel de competencia técnica, y ajeno a los intereses políticos internos.
Además, el análisis tiene una importancia especial porque servirá para evaluar en las próximas semanas la continuación del acceso de México a la Línea de Crédito Flexible del FMI, mediante la cual este organismo actualmente pone a disposición de nuestro país la nada despreciable cantidad de 35 mil millones de dólares. Es por ello que el documento debe revisarse con cuidado, tanto en sus mensajes generales como en las sugerencias de detalle.
El FMI ha sido criticado en numerosas ocasiones por la forma en que se redactan estos textos. En específico, se ha sugerido que es necesario escribirlos con mayor franqueza, porque normalmente se publican con un lenguaje matizado que puede empañar su comprensión. En las siguientes líneas voy a concentrarme en lo que a mi juicio son los mensajes principales de la misión y, en particular, sus mayores inquietudes.
El documento abarca una amplia gama de temas de política económica. Aunque hace recomendaciones en casi todos ellos, sus principales áreas de preocupación son las finanzas públicas y las reformas que por el lado de la oferta tienen que llevarse a cabo para impulsar el crecimiento económico.
En concreto, sin más ánimo que ayudar y cuidar sus recursos, el FMI sugiere, entre otras cosas:
-Un incremento de los ingresos públicos de alrededor de 1.5 puntos del PIB para evitar un aumento continuo de la deuda del gobierno. Para ello, considera necesario implementar una combinación de acciones, incluyendo una reforma fiscal.
-El saneamiento financiero de las empresas públicas, especialmente Pemex y la CFE, lo que implica una mayor participación del sector privado y un compromiso firme con objetivos comerciales, lo que abarca la desincorporación de activos no prioritarios y la limitación de actividades no redituables.
-Dar prioridad a la atención de los rezagos en infraestructura, especialmente en energía, transporte, telecomunicaciones y agua. Dadas las restricciones fiscales, se enfatiza la necesidad de mejorar el clima de negocios para estimular la inversión privada.
-Fortalecer el estado de derecho y el marco de gobernanza, incluyendo el combate a la inseguridad y la corrupción, así como disipar con acciones creíbles los temores generados por la desaparición de diversas entidades autónomas.
-Acompañar la transición en el poder judicial hacia nombramientos basados en elecciones populares, de salvaguardias que aseguren la transparencia, el profesionalismo y la rendición de cuentas, todos ellos clave para la confianza de los inversionistas.
-Ante el aumento de los costos laborales de años recientes, considerar cuidadosamente el posible impacto en el empleo y la informalidad de futuros ajustes a los salarios mínimos y los planes para reducir la jornada laboral.
La situación es inclusive más preocupante de lo que estas propuestas sugieren. Por razones de espacio me limito a dar algunos ejemplos.
En el caso de las finanzas públicas, las proyecciones del FMI para 2025-2026 están basadas en supuestos optimistas, como una tasa de crecimiento del PIB para este año de 1%, que se compara con la de 0.5% estimada por analistas del sector privado incluidos en la más reciente encuesta de Citibank.
Asimismo, el esfuerzo de finanzas públicas que el FMI propone tiene por objetivos, además de evitar incrementos adicionales de la deuda pública, fortalecer la credibilidad del paquete fiscal y abrir espacio para implementar medidas contracíclicas cuando se requiera. Es decir, ni siquiera se contempla una mayor capacidad gubernamental para atender los enormes rezagos en infraestructura, educación, salud, etc., que enfrenta el país.
Y a lo anterior habría que agregar que no queda claro que las sugerencias del FMI se vayan a materializar.
Como es usual en estos casos, los economistas del FMI han discutido este diagnóstico con la SHCP y los responsables de las políticas públicas en otras áreas. Sin embargo, mi impresión es que los temas rebasan el ámbito de estas entidades. En realidad, lo que parece estar sobre la mesa para nuestras autoridades es más un enfoque de economía política que de política económica. Lo que resulta difícil de entender es cómo puede tener éxito por tiempo indefinido una estrategia política basada en una perspectiva de política económica con tantos huecos.
El mensaje de fondo de la misión del FMI es que, no obstante fortalezas en algunas áreas, el éxito de la estrategia económica de México requiere de medidas trascendentales que, o se han descartado, o no se están contemplando, o que estando en la agenda son poco convincentes. Con apenas un año en el poder, esta administración cuenta con espacio suficiente para tomar las acciones requeridas.
Obviamente no se trata de seguir al pie de la letra la visión del FMI, sino de ponderar con cuidado y objetividad sus mensajes principales, compartidos pienso yo, por la gran mayoría de economistas independientes y, probablemente, por varios dentro de la esfera gubernamental. Es en interés de todos evitar que el periodo 2019-2030 se convierta en el segundo piso de la docena trágica.
