El presidente López Obrador anunció hace unos días que el 5 de febrero enviará al Congreso un conjunto de propuestas de reforma a la Constitución. Aunque la preocupación que ha despertado este anuncio ha abarcado todas las propuestas de las que se cuenta con cierta información, una de las más debatidas ha sido la de reformar el sistema de pensiones del sector privado. Como se recordará, el esquema actual entró en vigor en enero de 2021, en un esfuerzo de la actual administración por mejorar el que estuvo en operación de 1997 a 2020.
La reforma de 2021 busca, entre otros objetivos, elevar la tasa de reemplazo (es decir, el porcentaje del salario ganado durante los años como trabajador activo que se recibe como pensión), reducir el periodo de cotización requerido para obtener una pensión, incrementar el número de trabajadores que reciben una pensión, financiar la reforma fundamentalmente con aportaciones patronales y limitar las comisiones cobradas a los trabajadores por las administradoras de estos recursos.
Los resultados reales y esperados de las acciones tomadas son muy satisfactorios. Según cifras de la OCDE, la tasa de reemplazo aumenta de 28% en el esquema anterior, la más baja entre los países miembros de la Organización, a aproximadamente 60% en el actual, cifra por encima del promedio observado en este grupo de países.
A lo anterior cabe agregar que el costo fiscal de la reforma se estimó en solamente 0.3% del PIB de 2020 en valor presente neto, y que los ajustes al régimen de pensiones han impulsado el desarrollo de los mercados financieros del país. En 2021, la OCDE la calificó como la reforma pensionaria más completa de ese año entre sus países miembros.
¿Y entonces por qué se quiere reformar? Por lo que se ha dicho, las autoridades desean incrementar la tasa de reemplazo a 100%, y pretenden que esta vez la mayoría de los recursos necesarios para lograr este objetivo sean proporcionados por el gobierno.
Evidentemente, el régimen de pensiones vigente, como cualquier otro, puede enriquecerse. Asimismo, el deseo de lograr mejores condiciones de jubilación para los trabajadores está plenamente justificado. Pero también es necesario mantener los pies sobre la tierra. La búsqueda de objetivos inalcanzables sería una muestra de incompetencia. Alternativamente, el planteamiento de metas ambiciosas, a sabiendas de que no es viable lograrlas, sería deshonesto.
¿Cuál es la situación en México? A raíz de las presiones sobre el gasto público que se anticipan para los próximos años, es de esperarse que la siguiente administración enfrente un reto mayúsculo para lograr finanzas públicas sanas, aun sin considerar el gasto adicional que se derivaría de una nueva reforma al régimen pensionario. Además, tomando en cuenta los buenos resultados de los ajustes a este en 2021 y las urgentes necesidades en otros frentes, la modificación del sistema de pensiones no parece tener en este momento la más alta prioridad.
Es importante recordar, por ejemplo, que la prueba PISA nos acaba de recordar el deplorable estado de la educación en México; que hoy en día existen más de 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud; y que, si queremos aprovechar las oportunidades extraordinarias brindadas por el nearshoring, necesitamos inversiones públicas enormes en energía, agua, infraestructura de transporte, medio ambiente, etc.
Consideremos el caso de Dinamarca, país que se nos pone frecuentemente como punto de referencia. De acuerdo con cifras de la OCDE, la tasa de reemplazo del sistema pensionario de ese país es de alrededor de 80% (60% en México). Sin embargo, Dinamarca tiene simultáneamente la capacidad para ocupar el décimo sitio en las pruebas PISA de matemáticas, lectura y ciencias (México ocupa el lugar 51) y destinar 8% del PIB de su gasto público a salud (3% en México, todo según la OCDE).
Para ello, el gobierno danés cuenta con el respaldo de ingresos por impuestos de 47% del PIB (17% en México). La disposición de sus habitantes a destinar tal proporción de sus ingresos al pago de impuestos, seguramente está influida por la confianza en sus autoridades (en los más recientes índices de percepción de la corrupción publicados por Transparencia Internacional, Dinamarca aparece como el mejor ubicado y México ocupa el lugar 126 de 180 países considerados).
Se han escrito numerosos artículos sobre la propuesta del gobierno de reformar el régimen de pensiones. No he visto uno solo que considere que es una buena idea. De hecho, muchos de sus autores piensan que, ante la falta de apoyo en el Congreso para una reforma pensionaria como la planteada, el objetivo es solamente político, ya sea como una vía para ganar votos en un año electoral y/o para constreñir los márgenes de acción de la siguiente administración. Aunque es evidente que la iniciativa tiene un objetivo político, la verdad es que no estoy en posición de asegurar que este sea el único.
De ser exclusivamente político el objetivo buscado ¿sería irrelevante profundizar en la sustancia de la reforma del régimen de pensiones y de las otras propuestas de reforma constitucional? Por supuesto que no. Como ya señalé, aun de ser ese el caso las propuestas tendrían consecuencias importantes, además de que podrían dar lugar a falsas expectativas sobre un asunto de gran importancia para la población. Por tanto, cualquiera que tenga algo que aportar, debería contribuir a un mejor entendimiento de las implicaciones reales de estas iniciativas.
