La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el jueves pasado su informe económico bianual para México. El reporte cubre una amplia gama de temas, abarcando desde aspectos macroeconómicos hasta la informalidad, el papel de las mujeres en la economía, la adaptación al cambio climático y la digitalización. Aunque se incluyen proyecciones de corto plazo, el contenido de mayor relevancia es la visión de largo plazo.
La publicación del informe es especialmente oportuna, porque la presidenta Sheinbaum ha expresado recientemente inquietud por el bajo crecimiento económico en México, e inclusive ha discutido el tema con economistas de fuera del gobierno.
No obstante el lenguaje diplomático del texto y su revisión por nuestras autoridades antes de su distribución, su lectura deja un amargo sabor de boca sobre la situación actual de la economía y sus perspectivas.
Según el documento, la brecha entre la trayectoria del PIB per cápita real en México y en otras economías emergentes se ha ampliado de manera continua y desfavorable para nuestro país durante el último cuarto de siglo. La magnitud del diferencial acumulado ha llegado a niveles casi increíbles en los últimos años, inclusive si se toma como punto de referencia el promedio para América Latina, región que no se caracteriza por tasas de crecimiento particularmente elevadas.
La Organización coincide con numerosos analistas en que lo anterior se debe en buena medida a que la eficiencia de nuestra economía ha dejado mucho qué desear. Estima un crecimiento medio anual de la productividad de la mano de obra en México durante 2000-2023 casi nulo, comparado con cifras de más de 1% en promedio para la OCDE y por encima de 1.5% en países como Colombia y Chile.
Probablemente en un intento por buscar el lado bueno de las cosas, el documento señala que nuestra economía ha mostrado recientemente resiliencia en un entorno de alta incertidumbre. La ironía es que al mismo tiempo destaca que del cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2025 la economía mexicana creció menos que la de Estados Unidos, que el promedio para seis de los principales países latinoamericanos y que la OCDE en su conjunto.
El diagnóstico se vuelve aun más agobiante al considerar una amplia gama de indicadores. El cociente de impuestos a PIB, la participación del gasto público en salud y educación en la economía, los niveles de informalidad, el porcentaje de la población que no ha finalizado la educación secundaria o que no cuenta con un grado universitario, la tasa de participación laboral de las mujeres, la preparación para utilizar tecnologías digitales, la percepción de corrupción y los controles para atacarla, entre otros, se ubican en el peor o entre los peores lugares en la OCDE, y en su mayoría se comparan desfavorablemente con los de los principales países de Latinoamérica.
Para revertir esta lamentable situación, el informe recomienda activar una amplia agenda de reformas. Por razones de espacio, me limito a destacar tres que me parecen ilustrativas.
En materia de finanzas públicas, además de la obvia necesidad de asegurar su sostenibilidad y mejorar la eficiencia del gasto, se sugiere fortalecer los ingresos gubernamentales a través de ajustes a diversos impuestos (predial, erogaciones fiscales por concepto de IVA, impuesto al carbono y tenencia vehicular en los estados). Esto implica en otras palabras una reforma fiscal, que el gobierno no está dispuesto a llevar a cabo. Sin mayores recursos gubernamentales, muchas de las otras sugerencias de la OCDE son inviables.
El reporte también da gran importancia a mejoras en la gobernanza (Estado de derecho, corrupción, incertidumbre regulatoria e inseguridad) como una vía para impulsar el crecimiento y la productividad. Las recomendaciones incluyen vías para atenuar los costos de la reciente reforma judicial (por ejemplo, mejores estándares de integridad y rendición de cuentas, y más estrictos criterios de elegibilidad) y de la pérdida de autonomía de diversas instituciones regulatorias (aislándolas de influencias políticas, fortaleciendo su capacidad técnica y dotándolas de presupuestos adecuados y previsibles).
Inclusive en el ámbito de la digitalización, a la que nuestras autoridades dan gran importancia, la OCDE pinta un panorama complicado. Si bien reconoce que las acciones en este campo pueden impulsar la productividad, señala que para llevarlas a cabo es necesario reducir la concentración en el mercado de telecomunicaciones móviles, mejorar la infraestructura digital, depurar la regulación, expandir la base de capital humano con conocimientos digitales e implementar programas que permitan a las PYMES adoptar estas tecnologías.
Y estas son solo unas cuantas de las recomendaciones de la Organización.
En resumen, lo que la OCDE nos está diciendo es que muchas de las medidas indispensables para impulsar el crecimiento económico no se están tomando, otras van exactamente en la dirección opuesta y la viabilidad de otras requiere de esfuerzos mayúsculos cuya implementación es dudosa.
La presidenta tiene toda la razón en buscar puntos de vista de fuera del gobierno sobre las acciones que deben implementarse para impulsar el desarrollo del país. El reporte de la OCDE le proporciona una alternativa imparcial, altamente calificada y apoyada en la experiencia de su amplia membresía.
Ojalá me equivoque, pero me temo que por razones políticas o ideológicas la mayoría de los consejos de la OCDE y de otras fuentes acabarán muy bien guardadas en un archivo. Por tanto, el escenario más viable es que la brecha entre el crecimiento del PIB real per cápita de nuestro país y otras economías emergentes continúe ampliándose. Muy triste.