La disputa en Estados Unidos por el presupuesto gubernamental para el año fiscal 2025-2026 ha superado las expectativas más pesimistas. Al momento de escribir este artículo, el cierre del gobierno estadounidense resultado de este conflicto había cumplido 40 días, el más largo de los 20 episodios similares observados en ese país desde 1976, cuando se introdujeron los procedimientos presupuestales en vigor. Curiosamente, el anterior récord fue a principios de 2019, también bajo un gobierno encabezado por Donald Trump.
Aunque con el apoyo de unos pocos miembros del Partido Demócrata el Senado llegó el domingo a un acuerdo preliminar para solucionar el problema, este todavía debe ser sometido a votación final en dicha instancia y aprobado por la Cámara de Representantes, lo que llevaría varios días.
El año fiscal en Estados Unidos inicia el 1 de octubre de cada año. Por tanto, para que el gobierno federal pueda operar se requiere que antes del 30 de septiembre el Congreso haya aprobado y el presidente firmado las leyes que permiten las partidas presupuestales para financiar su gasto discrecional, no considerado prioritario, que representa alrededor de 30% de su presupuesto total.
El principal punto de desacuerdo es la decisión del gobierno actual de dejar expirar a finales de este año subsidios a las primas de seguros médicos para más de 20 millones de estadounidenses. Según algunas estimaciones, esto resultaría en cuando menos una duplicación del monto a pagar por las primas, lo que resulta inaceptable para la mayoría de congresistas del partido demócrata.
¿Qué tan costoso está resultando este conflicto? La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), agencia no partidista encargada de proporcionar respaldo analítico independiente a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, estima que, de extenderse durante seis semanas, el cierre gubernamental disminuiría el crecimiento del PIB durante el cuarto trimestre de este año en 1.5 puntos porcentuales a tasa trimestral anualizada. La cifra correspondiente aumentaría a 2 puntos porcentuales si la duración del cierre fuera de 8 semanas.
Bajo el supuesto de que todos los gastos no realizados durante el cierre se llevan a cabo una vez terminado este, la CBO considera que la gran mayoría del referido golpe al PIB sería compensado en trimestres posteriores. Aun así, estiman que la economía estadounidense registraría pérdidas netas de entre 7 y 14 mil millones de dólares, aunque la CBO reconoce que estos cálculos están sujetos a mucha incertidumbre. Al respecto, Kevin Hassett, Director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, señaló el viernes pasado que el impacto económico del cierre ha sido mucho peor de lo anticipado.
En mi opinión, los costos del cierre van más allá de lo que sugieren las estimaciones de la CBO, ya sea por su magnitud o por su alcance social y en otros frentes. Veamos algunos ejemplos:
-El indicador de confianza de los consumidores publicado por la Universidad de Michigan a finales de la semana pasada cayó a niveles apenas arriba de su mínimo histórico de 1978. El cierre gubernamental es claramente uno de los determinantes.
-El gobierno ha reducido los fondos disponibles bajo los programas de apoyo a la nutrición para familias de pocos recursos, y más de 40 millones de personas están en espera del resultado de la batalla legal del gobierno estadounidense para no reanudar en su totalidad los pagos.
-Cientos de miles de trabajadores están laborando sin cobrar su salario, suspendidos temporalmente o han sido despedidos.
-Las enormes presiones sobre los controladores aéreos han provocado la eliminación o retraso de miles de vuelos, y las autoridades han señalado que si el problema se extendiera hasta el día de acción de gracias (27 de noviembre), lo que parece poco probable, las cancelaciones podrían abarcar al 20% de los vuelos. Además, el menor personal en las torres de control ha aumentado la percepción de riesgo para el tráfico aéreo.
-La suspensión temporal de la publicación de estadísticas importantes está complicando la operación de instituciones clave. El caso de la Reserva Federal (FED) es ilustrativo. La FED no cuenta con información oficial sobre la inflación y el empleo, en un momento en el que existe una inusual división en su interior respecto de en cuál de estos ámbitos se están enfrentando los mayores retos. Inclusive Jerome Powell y otros funcionarios de la institución han señalado que este vacío de información, cuya solución no es inmediata con la reapertura del gobierno, hace inevitable mayor cautela en la toma de decisiones.
Es lamentable el conflicto presupuestal en el que está inmerso el Congreso estadounidense, y es más preocupante aun que en vez de atenuarse el problema se ha agravado con el tiempo. Más allá de los factores específicos que han detonado el cierre gubernamental, en el fondo lo que esta situación refleja es una profunda división de la sociedad, la consecuente polarización del enfoque de políticas públicas de los principales partidos políticos, finanzas públicas frágiles, el uso de herramientas del Estado con fines electorales y la asignación a la ciudadanía de un papel residual. No servirá de consuelo a nuestros amigos estadounidenses, pero si voltean hacia el sur les quedará claro que no están solos.