Uno: 987 mil 160 millones de pesos será el presupuesto asignado por el gobierno federal para cubrir los programas sociales en 2026.
Dos: huachicol fiscal. Decomiso de combustible e investigación al respecto derivó en 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios. “No habrá impunidad”, sentenció el secretario de Seguridad Pública.
Tres: “No puede haber justicia con privilegios”, dijo Hugo Aguilar el 1 de septiembre al quedar instalada la nueva SCJN.
Respecto al monto destinado en 2026 a cubrir el sistema de asistencia social operado por el gobierno federal, es posible colocarlo como el nuevo factor para la toma de decisiones electorales por parte de la mayoría de la población.
Desde el inicio del sexenio de López Obrador las transferencias directas comenzaron a ganar espacio en la psique social para evaluar al gobierno. No dejan de crecer en cuanto a población alcanzada y dinero en efectivo a repartir. Una nueva clase social mexicana es la reserva electoral del oficialismo. Lista para movilizarse, mostró todo su poder en junio de 2024.
Si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene, en promedio, una aprobación de 70, 75 por ciento, es en buena medida a un dato incontrovertible expuesto por la mandataria durante los spots con motivo del primer informe de gobierno: 82 por ciento de los mexicanos recibe los programas del bienestar.
Punto dos. La película recién comienza y tendrá una trama exante y expost. El tiempo presente aún no indica la dirección que tomará. Revisemos el argumento.
El gobierno cuya génesis reza “honestidad valiente” y que hizo de las FFAA el marmolillo sobre el cual avanzó el carruaje de la seguridad en los tiempos de la transformación, topó de frente con una red de corrupción conocida como huachicol fiscal y cuya ejecución involucra al crimen organizado, empresarios y a integrantes de la Secretaría de Marina.
La sangría a las arcas públicas pinta para ser la más grande en la historia de México y todo en tiempos del presidente López Obrador. Afilarán el rasero algunos, otros prepararán tangentes y salvoconductos bajo el paraguas de “enemigos de la transformación”.
Punto tres. Hugo Aguilar Ortiz cerró la pinza con la cual una sumatoria de movimientos sociales que se activa en tiempos electorales, Morena, tomó los poderes de la Unión.
Con un discurso que envidiaría cualquier gobernador del oficialismo,y el indigenismo listo bajo el brazo para ser factor de diferencia según lo marque la coyuntura, el 1 de septiembre perfiló los ejes sobre los cuales reposará el ejercicio de la presidencia de la SCJN: austeridad republicana y una Corte de abajo hacia arriba.
En la verborrea la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial podrá argumentar que sirven al pueblo, pero la cachucha de simpatía por una expresión política la traen atornillada pues la elección inédita e histórica lo fue, también, por un ejercicio partidista manifiesto y documentado.
Inflexión pues México parece transitar a un episodio de simpatía por el gobierno determinada por la cantidad de dinero que se ponga en manos de los ciudadanos, sin intermediarios. Hasta el momento ningún personaje señalado por supuestos actos de corrupción pudo abollar la máxima “por el bien de todos, primero los pobres”.
Inflexión institucional ante un caso de desfalco sin precedente en las FFAA. Quizá el comienzo de la purga sean las palabras del titular de la Marina en el discurso del 16 de septiembre: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo”.
Inflexión en los ministros de la Suprema Corte pues irán tras lo inédito: llegar a donde no habían llegado, arrebatar el hacer historia en la vida pública a la figura presidencial. Hugo Aguilar tendrá sobre sí la posibilidad de agregar fotogramas a la bitácora nacional de “por primera vez”.
¿Qué hecho tendrá más peso para la sociedad: el dinero en manos del pueblo, la depuración y castigo al interior de las FFAA o la posibilidad del indigenismo haciendo justicia en donde nunca ha existido?
Consultor en El Instituto
