El pasado 8 de septiembre se presentó el paquete económico ante la Cámara de Diputados. Como parte de este, se incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, que puntualiza cuáles serán las fuentes de ingresos de las finanzas públicas para el 2026. En esta ocasión, se incorporó un aumento en el componente específico del impuesto aplicado a los productos de tabaco y a las bebidas saborizadas. Es de celebrarse que el gobierno mexicano haya volteado a ver a los impuestos saludables como una herramienta efectiva, primero, para mejorar la salud pública, pero también para recaudar recursos adicionales que pueden ayudar a cubrir, al menos parcialmente, los enormes costos económicos y sociales que el consumo de estos productos dañinos ocasionan a la sociedad mexicana. ¿No es totalmente razonable que el precio refleje mejor el costo real que estos productos imponen a los hogares y al sistema de salud?
Pero dichos cambios entrañan claroscuros. Por un lado, el aumento al componente específico a los cigarros implica una muy ligera mejora para la salud pública y también para las finanzas públicas, pues --de acuerdo con el simulador de impuestos al tabaco del CIEP--, el consumo se reduciría en un 7.3% y la recaudación aumentaría en 9,448 millones de pesos (un 18%). Aún con ese cambio, México todavía no alcanzaría el mínimo de 75% de impuestos en el precio total de los cigarros recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que todavía hay un margen amplio de mejora. Asimismo, hay que hacer notar que el aumento del impuesto sobre bebidas saborizadas representa un avance modesto para desincentivar el consumo de productos que están entre los principales determinantes de sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otras enfermedades no transmisibles que hoy sobrecargan el sistema de salud.
Por otro lado, el paquete económico desaprovecha una gran oportunidad para optimizar los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas. El alcohol mata a más de 40 mil personas cada año y se estima que su carga económica excede los 550 mil millones de pesos al año, equivalente a 2.1% del PIB mexicano en 2021. El año pasado la recaudación por bebidas alcohólicas apenas rebasó los 75 mil millones de pesos. En otras palabras, el alcohol le cuesta a la sociedad mucho más de lo que se recauda. Además, no haber incluido una mejora en los impuestos al alcohol mientras se eleva el gravamen a las bebidas saborizadas implica un riesgo para la salud pública: si las bebidas saborizadas siguen encareciéndose (en promedio se encarecerán alrededor de 7.2% de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de 2026), su precio relativo frente a la cerveza y alcopops (bebidas saborizadas mezcladas con licores) aumentará, agudizando su sustitución hacia las bebidas alcohólicas, como se ha observado que sucede en Seattle, por ejemplo. Ello, a su vez, implica un mayor riesgo de iniciación temprana en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de la población adolescente. ¿Deberíamos de considerar y aceptar ese efecto no intencionado?
Por lo tanto, sería deseable que la Cámara de Diputadas y Diputados incluya mejoras en la política fiscal aplicada a bebidas alcohólicas en la Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Estas mejoras deberían considerar varios aspectos: 1) migrar de un esquema ad valorem a uno ad quantum con tasas que eleven de forma significativa el precio de las bebidas alcohólicas, 2) actualización anual automática al menos por inflación y 3) mecanismos de monitoreo y evaluación que midan consumo, precios, recaudación, salud y cumplimiento (incluido combate al comercio ilícito), lo cual permitiría ajustar las tasas según la evidencia. De esta forma, podríamos contar con un paquete completo de impuestos saludables que como resultado produzca un ganar-ganar-ganar: menor consumo de productos dañinos como el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas; menos daño a la salud y menores costos asociados; y, mayores ingresos públicos para financiar los planes del gobierno.
De hacerlo así, México se colocaría a la vanguardia mundial en materia de impuestos saludables, tal como lo sugieren distintas recomendaciones internacionales, como la reciente “3-por-35” de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere elevar en al menos 50% los precios reales de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas hacia 2035. La pregunta no es si podemos darnos el lujo de fortalecer estos impuestos, sino si podemos darnos el lujo de no hacerlo tomando en cuenta la situación de la salud pública del país.
