Prioridades en la agenda nacional

Se acaba del Mundial de Fútbol, y la agenda política nacional transita hacia una sucesión de escándalos y hechos que impactan al oficialismo en temas en los que afectan a sus activos más relevantes: el discurso de honestidad y la presumible lealtad de su militancia. Todo un abanico de asuntos y personajes pueden ser mencionados en cuanto a lo primero: el huachicol fiscal por el que aún hay una discusión latente con el gobierno argentino por tener custodiado al principal detenido; la entrega al gobierno de Estados Unidos de al menos dos de los señalados por el caso que acusa al gobierno de Sinaloa de una relación con el crimen organizado; el gobierno de Oaxaca disponiendo de vehículos particulares bajo resguardo del Ministerio Público…

La lista es larga y alcanzaría para llenar páginas de casos en los que las autoridades emanadas del oficialismo rebasan evidentemente sus funciones y quebrantan las leyes.

En cuanto a la lealtad: la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, se convirtió en noticia al salir a la luz audios de conversaciones, reconocidas por ella, en un aparente intento de negociar la devolución de su visa a cambio de compartir secretos de seguridad nacional.

El caso no es único: filtraciones de diversos medios apuntan a un grupo de funcionarios públicos al frente de gobiernos estatales que también habrían iniciado conversaciones con autoridades norteamericanas, para evitar ser señalados de algún delito.

Y el más reciente: el cese fulminante de Ulises Lara como Fiscal Especial de Investigación de Asuntos Relevantes en la FGR, que al parecer también va acompañado de otros ceses de funcionarios bajo su mando, presuntamente —de acuerdo con analistas— por haber compartido información sensible con el gobierno norteamericano.

Algo había que hacer, porque asuntos triviales como el Pato Merlín ya no alcanzan para equilibrar la balanza de la narrativa mediática.

Es entonces cuando aparece la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Seguramente el asunto por el cual fue detenido el primer gobernador de oposición en nuestro país, que ahora acapara los titulares de los medios de comunicación, será de los principales temas de la agenda política.

Ya el partido Somos México, de reciente creación, y del cual forma parte Ruffo Appel como consejero, ha acusado al gobierno federal de armar una cortina de humo para distraer a la opinión pública de otros asuntos trascendentes que impactan al oficialismo.

La celeridad con que el gobierno ha tratado la detención y procesamiento del líder opositor llama la atención. Mientras tanto, los escándalos de corrupción y presuntos vínculos del oficialismo con el crimen organizado siguen sin ser atendidos.

¿No se trata de asuntos relevantes y graves la acusación formal del gobierno de Estados Unidos en contra de un gobernador en funciones? ¿Habrá que dejar en segundo plano las afirmaciones y revelaciones sobre los audios de la gobernadora de Baja California?

Una cosa es segura: la actuación acelerada del gobierno para aprehender y procesar a la oposición, así como los chispazos autoritarios que se escapan en ocasiones desde la propia Presidencia del país, van perfilando un escenario hostil para todas las figuras incómodas al gobierno de Morena. No es una circunstancia que deba atemorizar ni hacer bajar la guardia. Pero es un elemento a considerar para actuar con firmeza ante los actos oficiales que estén reñidos con la ley. Firmeza y determinación ante las injusticias, con estricto apego a la legalidad. No es posible dar ningún paso atrás.

Coordinadora Diputados MC

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