Ha sido de tal escándalo e indignación el intento del gobierno mexicano por establecer la censura legal en cuanto a las telecomunicaciones y rediodifusión, que la misma presidenta Sheinbaum ha tenido que salir a “aclarar” que no es su intención censurar, y respecto a las plataformas digitales dijo estar dispuesta incluso a que “se modifique” o de plano se elimine un artículo que causó escozor en el medio y en la sociedad.
Pero hay demasiados focos rojos que evidencian la intención del régimen de cerrar un círculo de censura previa sobre los medios de comunicación, amedrentando con una especie de “Garrote del Bienestar”.
De entrada, el proyecto oficial establece la liquidación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y en su lugar traspasar todo a una agencia controlada por la Presidencia de la República, eliminando así cualquier contrapeso técnico y abriendo la puerta a todo tipo de decisiones políticas sobre el espectro, concesiones y sanciones.
Tan solo este paso adelanta una vuelta al estado represor, a ese “dueño de la verdad” que “concede” tramos de información siempre que no ofenda ni cuestione al poder. Y hay otras señales ominosas que pudieran pasar desapercibidas:
Según su artículo 109, la llamada “autoridad competente” puede bloquear plataformas digitales por faltas administrativas, sin establecer un procedimiento ni medios de defensa, es decir, una vuelta a la censura previa sobre esas “benditas redes sociales” que tanto elogiaron siendo oposición y en los primeros años de gobierno, pero que ahora resultan estorbosas para un soñado poder absoluto.
Tan ha sido cuestionado por sus mismos otrora aliados, tan ha sido un balazo en el pie, que ya ha salido la presidenta Sheinbaum a decir que ha habido una confusión, y ofreció modificar o incluso eliminar esa disposición.
Esta batalla en contra de los contenidos que en nada gustan al régimen, también incluye una cláusula contra toda “propaganda política o ideológica” financiada por otros gobiernos (artículos 201 al 210).
¿De qué se trata? Es claro que los contenidos financiados por el gobierno de Estados Unidos dolieron al gobierno mexicano. Pero, ¿qué hemos de entender con “propaganda política o ideológica”? ¿Incluye esto lo relativo a la Iglesia Católica, siendo un ente que depende de un “gobierno extranjero” como es el Estado Vaticano?
Puede parecer exagerado, pero recordemos la utilización en campaña de la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando se sabe que la entonces candidata y hoy Presidenta no profesa la religión católica.
Y aún hay más, la sanción por infringir estas reglas autoritarias puede elevarse (Artículo 276) hasta un 5% de los ingresos anuales del medio. Imagínense un golpe de ese tamaño a un medio de comunicación, sea del tamaño que sea.
Con ese tipo de medidas draconianas, es claro que el régimen persigue alcanzar una especie de autocensura por parte de los medios de comunicación, algo que no se ve desde los tiempos de la llamada Presidencia Imperial, cuando el PRI estaba en todo su esplendor autoritario. ¿O será que el régimen aspira de plano a convertirse en un renovado priato-morenista?
Este intento por oficializar un “Garrote del Bienestar” para amenazar a los medios de comunicación (micros, pequeños, medianos, grandes y gigantes) no es aceptable en un sistema democrático.
Ha sido tal el escozor social que se ha frenado temporalmente su aprobación en el Senado, se abrirá a consultas y esperamos que se presione aún más fuerte porque nos jugamos la libertad de expresión.
Coordinadora Grupo Parlamentario MC
