En un post compartido a través de la red social X, el dirigente nacional naranja Jorge Álvarez Máynez denunció el uso electoral que hacen Morena y sus aliados en las fiscalías en los estados donde habrá elecciones, significativamente en los casos de Michoacán, Veracruz, Tabasco, Puebla, Campeche, Sinaloa y Baja California.

La publicación ocurre luego de que el Poder Judicial de la Federación ratificó la prohibición emitida por el gobierno de Michoacán, a través de su legislación, para limitar la participación de candidaturas independientes en las elecciones de 2027, una acción que tiene dedicatoria especial contra el Movimiento del Sombrero.

El Movimiento del Sombrero, como se sabe, es encabezado por Grecia Quiroz García, la viuda del asesinado presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Grecia es un liderazgo sobre el cual ha caído una campaña agresiva desde el oficialismo buscando bajarla del ánimo público a como dé lugar. Para hacerlo, las filas oficialistas echan mano de todos los recursos posibles, pasando por una serie de afirmaciones difamatorias.

El caso de Grecia en Michoacán no es único. Desde las filas morenistas y sus cómplices han instrumentado desde ya la campaña electoral en un proceso que ni siquiera ha empezado. Quiero decir, un proceso cuya etapa LEGAL para hacer campaña aún no empieza.

Sin embargo, a todos nos consta que desde Morena y sus aliados empezaron a proyectar sus campañas, y sus candidaturas, llamándolas “coordinaciones de la defensa de la transformación y la soberanía nacional”…

Quizá, y solo quizá, si la autoridad electoral no estuviera cooptada por el oficialismo, si contáramos aún con un INE autónomo y consciente de sus responsabilidades constitucionales, intervendría para garantizar la legalidad de las precampañas y campañas electorales.

Pero eso es cosa del pasado.

O al menos, es lo que parece, porque observamos una pasmosa pasividad por parte de las instancias electorales, mientras ocurren actos que evidentemente son al menos transgresiones a las leyes que debieran garantizar procesos equitativos y apegados a la Constitución y las leyes.

La coalición en el gobierno está en campaña, y pasan por alto instancias y normas, porque de lo que se trata es de tomar ventaja desde ahora. Eso es lo que se evidencia cuando el oficialismo tiene prisa por dejar atrás los temas y asuntos “incómodos”, como la grosera falta de respeto a las leyes del “gobernador con licencia”, Rubén Rocha Moya, quien amagó con volver al cargo y de hecho lo ocupó unas horas en tanto ganaba algo de tiempo y se nombró una nueva interina de su mismo grupo político.

El oficialismo está en modo campaña, eso es evidente, y en cada entidad federativa con llamado a elecciones se han desatado los movimientos en cuentas de redes sociales para intentar desprestigiar a los liderazgos opositores bajo la clásica premisa de que “la calumnia cuando no mancha, tizna”, tan mencionada durante el mandato obradorista anterior.

Y con esa premisa se ha iniciado la guerra de lodo, que es hacia donde el oficialismo quiere llevar el proceso electoral, según parece por los movimientos de sus aliados y corifeos, sobre todo en redes sociales. El reto es no dejarse y elevar el nivel, no solo en el debate, sino en la buena política, la que no acude a ilícitos ni a bajezas, sino al diálogo y a las propuestas para ganar el ánimo popular.

Coordinadora Parlamentaria MC

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