Con la resolución de inconstitucionalidad expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó a su fin el llamado “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena y sus aliados y cómplices políticos, que intentaron por todos los medios posibles socavar al INE, debilitarlo y cooptarlo.
La institución electoral mexicana sigue en pie, no sin algunos efectos nocivos del intervencionismo del régimen, que sigue moviendo los hilos de una asonada antidemocrática y en cada discusión se hace presente, incluso con el PRI como aliado, como ocurrió en la más reciente sesión del Consejo General.
En efecto, el PRI acompañó a Morena en su intento por imponer a un secretario ejecutivo cuestionadísimo y que no llena los zapatos de Edmundo Jacobo. Hay que reconocer que como funcionario dejó la vara muy alta no solo en cuanto a profesionalismo sino también en cuanto a consensos democráticos.
A pesar de todo, son más las y los consejeros que no se han dejado cooptar por el oficialismo y gracias a sus votos la larga noche del autoritarismo aún no alcanza del todo al INE.
Con el presupuesto original, con las previsiones tomadas por el anterior Consejo General, fue posible realizar elecciones intachables en Estado de México y Coahuila, en cuanto a la organización y conteos preliminares, estimaciones oficiales incluidas.
Queda claro entonces que el Consejo General anterior, cuestionado y atacado por el régimen, siempre tuvo la razón al defender al INE de los ataques y la intervención del gobierno federal.
La Corte ha dejado en claro que hay división de poderes y que esta misma división es garantía de contrapesos constitucionales para acotar las ambiciones del Ejecutivo. La Corte es contrapeso, aunque haya quien no lo piense así e incluso haya quien se moleste por eso.
En un régimen democrático, el Poder Judicial garantiza el respeto a los derechos de la ciudadanía, y brinda justicia pronta, expedita.
Qué sesión nos obsequiaron ministras y ministros. Ante ojos y oídos de la nación, las posturas obcecadas del oficialismo fueron exhibidas, y las posturas democráticas brillaron por sus puntuales explicaciones: la Constitución somos todas y todos.
Pues sí, aunque le pese al régimen, aún hay jueces (y juezas) en la República. Y con sus resoluciones nos dan la mejor muestra de congruencia y entereza en momentos en que las instituciones reciben los embates de una canalla pagada y alentada por la ignorancia y el absolutismo disfrazado de gobierno.
Se acabó el “Plan B” y con la misma claridad con que el oficialismo violentó las leyes para tratar de imponer su razón, la misma Ley y la Constitución vencieron a los falsos silogismos de quienes defienden lo indefendible y que suspiran pensando en un mundo sin rendición de cuentas, un mundo de mayorías esclavizantes.
Ahora dicen el Presidente y sus partidarios que van por un plan “C”, que es obtener la mayoría calificada en las elecciones de 2024. Bien claro se ve su propósito: acabar con todo vestigio de democracia en el país, para instalar el más rancio autoritarismo, a la usanza de Santa Anna.
Pero a pesar de sus intenciones, su destino es el mismo que el plan “B”: el basurero de la historia. Y sí, aún hay jueces (y juezas) en la República.