Para México el comienzo de 2025 ha sido “muy interesante”, por decir lo menos. Se han presentado acontecimientos relevantes en cuanto a la relación trilateral México, Estados Unidos (EU) y Canadá, asuntos trascendentes en la política interna, y se han publicado indicadores de 2024 que muestran condiciones económicas del país y de bienestar de la población. Sin duda, todos ellos debieran invitarnos a la reflexión.
En su discurso de toma de posesión el presidente Trump, reiteró su propósito de imponer aranceles adicionales de 25 por ciento a las exportaciones de México y Canadá a EU, lo cual ratificó el 30 de enero con la intención de implementarlos a partir del 1 de febrero. Sin embargo, tras comunicaciones telefónicas de Trump con el primer ministro canadiense y la presidente Claudia Sheinbaum, por separado, el primero tomó la decisión de posponer al menos un mes la entrada en vigor de tales aranceles a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones en materia del tráfico de las drogas más comunes y la migración.
De lo que se sabe de esas llamadas se desprende que, al menos por ahora, el interés principal del gobierno norteamericano no tiene que ver con la migración ni con el comercio (éste último lo empleó como presión), sino con el tráfico de drogas, principalmente de fentanilo. Al día siguiente el gobierno canadiense puso sobre la mesa medidas concretas e inmediatas para cumplir con sus responsabilidades: mil 300 millones de dólares para reforzar su plan en su frontera sur, nuevos helicópteros, tecnología, más personal, coordinación más efectiva con los norteamericanos y 200 millones de dólares para designar a un “zar” que coordine una agencia contra el fentanilo que calificará a los cárteles como terroristas y combatirá el crimen organizado y el lavado de dinero.
Por su parte, el gobierno mexicano accedió a enviar diez mil soldados a su frontera norte para procurar frenar el flujo de fentanilo y migrantes, acción que, si bien atiende la condicionante de Trump, debilita la posibilidad de aumentar la presencia de efectivos en estados con altísima presencia y dominio del crimen organizado, como el caso de Sinaloa en donde pese a las protestas ciudadanas multitudinarias ni se frena la violencia ni el gobernador deja su cargo. Además de esto, no se ha hecho pública alguna otra acción inmediata que permita visualizar la seriedad del gobierno mexicano respecto al tema. No obstante, la presencia de aviones, barcos y un submarino norteamericano cerca de los espacios aéreo y marítimo de México pudieran suponer que en la llamada Trump advirtió a la mandataria mexicana que EU comenzaría a actuar, más ella no se ha manifestado al respecto.
Sin duda, la aplicación de aranceles sería un duro golpe para México, pero también para EU. De acuerdo con especialistas, la medida representaría un desplome de las exportaciones mexicanas, debilitamiento del peso, recorte en la calificación crediticia, caída del Producto Interno Bruto (PIB) de más de 3 por ciento, y pérdida de empleos, entre otros factores. A su vez, en EU los costos subirían 24 por ciento y la inflación aumentaría a más de 4 por ciento al provocar alteraciones en las cadenas de suministro en el sector manufacturero, desempleo y, por tanto, un menor crecimiento de su economía.
Ahora bien, mientras gran parte de la opinión pública estaba atenta a lo anterior, en el Congreso de la Unión se aprobaba la reforma a la Ley del Infonavit que, dicen, busca implementar una gestión más transparente y construir por propia cuenta las viviendas, pero a su vez, genera inquietudes en cuanto a la concentración de poder en su Dirección General que es designada por el Ejecutivo Federal y sobre la transparencia en la administración de los fondos de los trabajadores (2.4 billones de pesos). A su vez, el 5 de febrero la presidente Sheinbaum anunció dos iniciativas de reforma constitucionales a implementarse en procesos electorales a partir de 2027 y son para prohibir la reelección consecutiva a cualquier cargo de elección popular y para evitar el nepotismo en cargos de elección popular al considerarse no haber tenido en los tres años anteriores al día de la elección, un vínculo matrimonial, concubinato o de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con quien está ejerciendo la titularidad del cargo para el que busca postularse. Con esto su administración se posiciona como una de las más activas en los primeros cinco meses de gobierno en cuanto a reformas constitucionales y a leyes reglamentarias se refiere.
Sobre información oficial, se observa que en 2024 el PIB nacional creció tan sólo 0.6 por ciento, en diciembre pasado se perdieron más de 405 mil empleos formales (IMSS) y 279 mil informales (INEGI), la cifra más alta en ese mes desde 1997, y que contribuyó a que en el año anterior la creación de empleo fue de apenas 213 mil 993 plazas; además, respecto a la salud, el desabasto en medicamentos continúa.
Lector, considero que lo aquí mencionado nos da un contexto de la conducción que se le está dando al país y la oportunidad que tenemos de considerar al respecto. Los acontecimientos, los datos y los eventos nos lo permiten. Por cierto, un evento destacado, pero con poco “eco”, se dio el Día de la Celebración de la Constitución, a cuyo acto oficial no se invitó a la titular del Poder Judicial, lo que resulta paradójico cuando días antes liderazgos del oficialismo llamaban a la unidad nacional para hacer frente a las amenazas del gobierno del vecino país del norte.
Diputada federal en la LXV Legislatura
