La reforma al Poder Judicial ha pasado por diversas modificaciones sustanciales, resultado de los Diálogos Nacionales convocados por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, a pesar de estos cambios, persiste un bloque opositor que rechaza de forma absoluta la reforma. Este bloque está compuesto por una alianza conservadora que incluye a partidos como el PRIAN y PRD, una élite privilegiada que mantiene secuestrado al Poder Judicial y un grupo de traficantes de influencias, disfrazados de asociaciones de abogados o instituciones plagadas de comentocracia. Todos parecen compartir como común denominador la corrupción y como rasgo identitario el delirio de superioridad.
Las mentes detrás de este bloque opositor son las mismas que boicotearon las reformas constitucionales que habrían reconocido los programas sociales de bienestar como derechos humanos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron los artífices de la moratoria legislativa y ahora promueven una moratoria judicial, perjudicando a los jueces que confíen en ellos, pues la experiencia reciente demuestra que estas moratorias solo generan el desprecio de la mayoría de los votantes.
La reforma al Poder Judicial es inminente y ha captado un interés extraordinario en la opinión pública. La decisión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de convocar Diálogos Nacionales para su discusión se erige como su primer gran acierto antes de iniciar su mandato. Involucrar a la sociedad mexicana en un tema de esta magnitud no tiene precedentes y sienta un ejemplo contundente de cómo socializar temas fundamentales para el rumbo de cualquier nación.
Desde que se anunció la intención de aprobar la reforma al inicio de la nueva legislatura, tres posturas surgieron en la opinión pública: quienes apoyamos la iniciativa, quienes manifestaron inquietudes sobre su contenido y omisiones, y un bloque opositor que la rechaza en su totalidad.
Los jueces, académicos, especialistas e integrantes de los otros dos poderes que participaron en los nueve foros nacionales, con la genuina intención de mejorar y robustecer la iniciativa, lograron incidir en más de 100 modificaciones sustanciales al dictamen que será discutido en la Cámara de Diputados la próxima semana.
Las modificaciones derivadas de los foros incluyen, de manera expresa en el artículo transitorio Décimo, la garantía de que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Además, aseguran a jueces, magistrados y ministros en funciones su participación como candidatos en la elección sin necesidad de pasar por el proceso de evaluación y selección, por el que sí deberán pasar el resto de los candidatos. Incluso, se respeta el derecho de los ministros en funciones a su haber por retiro, que consiste en el 100% de su salario durante los dos años siguientes a su retiro, y del 80% para los años subsecuentes hasta su fallecimiento.
A raíz de los foros, se modificaron los requisitos para ser ministro, magistrado o juez, así como el procedimiento de postulaciones, evaluación y selección, garantizando que estos procesos sean universales, públicos, transparentes, inclusivos y accesibles. Además, se asegura que en la asignación de cargos se garantice la paridad de género, pues actualmente, solo 3 de cada 10 jueces son mujeres.
Las modificaciones garantizan que cualquier persona que cumpla con los requisitos pueda participar, sometiéndose a un comité de evaluación conformado por especialistas en materia jurídica. Este comité elaborará una lista con las 10 personas mejor calificadas, de las cuales, en un proceso de insaculación, se seleccionarán a los 3 mejores para integrar la lista de candidatos que cada poder—ejecutivo, legislativo y judicial—enviará al Senado con las postulaciones para ministros o magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF) o del Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, la lista inicial será de 6, y se elegirán 2 candidatos por poder mediante insaculación.
Incluso las recomendaciones de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fueron incorporadas en el dictamen. Ahora se incluyen las facultades del INE para el cómputo de los votos, la publicación de los resultados, la entrega de constancias de mayoría, la asignación alternada de cargos, la declaración de validez, la remisión de resultados al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la emisión de acuerdos generales para la organización, cómputo, vigilancia y fiscalización de las elecciones. También se detallan las características de las boletas electorales.
Otro resultado de los foros fue la aceptación de que la elección de jueces y magistrados se realice de manera escalonada: la mitad se elegirá el 1º de junio de 2025 y el resto, el 6 de junio de 2027.
El 1º de junio de 2025 se elegirán todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del TEPJF, la totalidad de sus magistraturas regionales y todas las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
Una nueva era de justicia está por llegar. El próximo año, el Poder Judicial también verá hacerse realidad la consigna: "El pueblo pone, el pueblo quita".
