Las personas desaparecidas y no localizadas en México son una herida profunda en el núcleo de nuestra sociedad. El dolor de quienes buscan a un ser querido se alimenta de la ausencia de la persona amada, de la incertidumbre, de la indiferencia, de la negligencia y, en ocasiones, hasta de la complicidad de las autoridades, así como de preguntas sin respuesta que no dejan de rondar en su mente y su corazón. Los recuerdos de la persona desaparecida nunca dejan de generar un vacío en el estómago de quienes mantienen la esperanza de volver a verla. El descubrimiento que hizo el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, desentierra del olvido social una realidad que no admite más indiferencia ni postergaciones.
124 mil personas están registradas como desaparecidas y no localizadas en el sitio oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Contrario a lo que muchos creen, esta cifra abarca desapariciones desde 1952, no solo las ocurridas en el sexenio actual o el anterior. Muchas de esas personas fueron desaparecidas por el mismo Estado que debía protegerlas, durante la llamada guerra sucia y con acciones de contrainsurgencia que los gobiernos de la década de los 70’s y 80’s utilizaron para reprimir a estudiantes y grupos que identificaban como contrarios a sus intereses. En las décadas subsecuentes, buena parte de las desapariciones han sido atribuidas a particulares y al crimen organizado, favorecidos por gobiernos indiferentes, negligentes o incluso cómplices, que llegaron a construir historias falsas que solo aumentaron el dolor de los seres queridos de las personas desaparecidas, como ocurrió a mediados de la década pasada con los jóvenes de Ayotzinapa.
El hallazgo en Teuchitlán ha reavivado el dolor de muchas personas buscadoras y captado la atención pública, lo que representa una oportunidad para que como sociedad enfrentemos estos crímenes con determinación.
A diferencia de décadas pasadas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una posición empática y sensible hacia los familiares de las víctimas, y ha anunciado explícitamente que su gobierno no entrará en confrontación con ellos. Señaló que su prioridad es la búsqueda, localización e identificación de los desaparecidos, así como la atención inmediata a familiares de las víctimas para garantizarles acceso a justicia y bienestar. Bajo la premisa de cero impunidad, firmó un decreto y a través de la iniciativa de reforma a la ley general de la materia, fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda, para aumentar su capacidad de atención, análisis de contexto y para dotarla de herramientas tecnológicas que faciliten las búsquedas. Por su parte, al Centro Nacional de Identificación Humana, se le dotará de facultades para administrar la Plataforma Nacional de Identificación Humana que se creará con el objeto de comunicar la totalidad de los registros administrativos y forenses de cualquier autoridad en el país. Asimismo, se encomienda a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindar acompañamiento, apoyo y asesoría a las víctimas.
Además, la estrategia integral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla la creación de una Base de Datos de Información Forense y la publicación mensual de cifras sobre carpetas de investigación por desapariciones. Esta estrategia involucra a la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Población, la Agencia de Transformación Digital, la Fiscalía General de la República, las fiscalías y servicios forenses de las 31 entidades federativas, la Ciudad de México y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el caso de Teuchitlán, además de lo expuesto, la presidenta instruyó al Gabinete de Seguridad a que coadyuve en las investigaciones y convocó al Consejo Nacional de Seguridad para construir protocolos con todos los gobernadores para la atención de las desapariciones reportadas.
Ahora bien, dado que se han publicado más de mil trescientas fotografías de prendas y objetos localizados en el interior del rancho Izaguirre, es urgente la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a los colectivos de búsqueda y personas con familiares desaparecidos que reconozcan alguno de esos objetos como de propiedad de su ser querido, brindando facilidades de estancia y traslado seguros hasta el lugar en donde realizarán el reconocimiento. Toda barrera burocrática debe ser eliminada y la transparencia y acompañamiento de familiares durante las diligencias debe priorizarse.
Además de la rendición de cuentas y del deslinde de responsabilidades en contra de los particulares involucrados o de las autoridades que, en su caso, hayan sido omisas, negligentes o cómplices, está la imperiosa necesidad de que las autoridades de seguridad impidan que nuevas personas caigan en las manos de los reclutadores del crimen organizado. Hay muchos testimonios que han descrito lo que parece ser el “modus operandi” de quienes operaron el rancho Izaguirre, prestar atención a esos indicios es clave para dar con los responsables. Garantizar que estos crímenes no se repitan es fundamental para lograr justicia y bienestar.