Las empresas fantasma actualmente son uno de los medios más usados en actos de corrupción. Su nombre mismo alude a la forma en que estas corporaciones simulan su existencia y operaciones, como si el edificio mismo y las personas que realizan los servicios que se establecen en papel tuvieran una realidad espectral. En muchas ocasiones esto es una realidad, ya que las empresas fantasma adquieren una variedad de formas y simulaciones, desde la mera existencia en actas notariales y registros de la propiedad, hasta la existencia de una empresa que realiza un determinado número de operaciones, pero que simula otras con el objetivo de lavar dinero, desviar recursos o evadir impuestos. Entender la forma en que las empresas fantasma se constituyen y operan en México y en otros países es indispensable para poder disminuir su uso y constante creación.
Ante este escenario, tenemos que hablar de la desaparición de empresas fantasma en la actual administración. Y con esto no me refiero desgraciadamente a una redundancia o al resultado existoso de una política anticorrupción en este sexenio, sino a la forma en que se han dejado de detectar y sancionar a las empresas que simulan operaciones en el país por parte del Servicio de Administración Tributaria. Si uno consulta el listado público del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se puede analizar que el número de contribuyentes que el SAT ha determinado de forma definitiva que simulan sus operaciones se ha reducido un 98% desde el 2018, año en que el SAT declaró en este listado a 3,016 empresas comparadas con 47 a inicios de este año (fuente MCCCI).
Esta reducción no hace sentido alguno si uno analiza los casos emblemáticos de corrupción que se han dejado al descubierto gracias al trabajo de investigaciones periodísticas como los Panama Papers, el caso Odebrecht y la Estafa Maestra, investigaciones en las que se revela que las empresas fantasma se utilizan para una variedad de actividades ilícitas, desde desviar recursos de licitaciones públicas, hasta lavar dinero y evadir impuestos. En estos casos el uso de varias empresas fachada se ha detectado como un esquema recurrente que es utilizado para ocultar a los beneficiarios finales tras patrones complejos de propiedad. No sólo se genera una empresa fantasma sino que se necesitan varias que se “anidan” en propiedad detrás de otra, con el fin de ocultar a las personas que lucran de estas redes de corrupción y lavado de dinero transnacionales. Todo con el respaldo y la asesoría de contadores, abogados, notarios y asesores financieros.
El enorme deterioro en los esfuerzos del SAT por detectar y sancionar empresas fantasma contradice por completo los supuestos esfuerzos de la actual administración por reducir la impunidad en actos de corrupción. Si el énfasis está en erradicar la corrupción lo que se tiene que hacer es reforzar los mecanismos que existen en el país para detectar el medio favorito para realizar estos actos. Estos esquemas abundan en México y a nivel internacional, por lo que no hace sentido el dejar de detectar empresas fantasma, a menos que se busque con eso perpetuar las redes de impunidad. Ante esto, conviene resaltar el informe “Las empresas fantasma en México” que se dio a conocer en días pasados por parte de MCCI y PAIR respecto a una propuesta de política pública que haga frente a este enorme problema. Dado que uno de los temas electorales que más se mencionan es el combate a la corrupción, conviene preguntar a los candidatos qué harán para reducir el uso de empresas fantasma en el país.
Especialista en temas de justicia, anticorrupción y tecnología cívica. @itelloarista
