La industria de la aviación en México se ve envuelta en un escándalo de proporciones internacionales, con acusaciones de coerción y presión militar sobre una empresa contratista SAT Aero Holdings. Esta empresa texana encargada del arrendamiento de los 10 aviones Boeing 737-800 y tripulaciones para Mexicana de Aviación, ha interpuesto una demanda multimillonaria alegando que representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los coaccionaron para alterar los términos de su contrato.
Según documentos presentados ante la Corte del Distrito Sur en Nueva York, SAT Aero Holdings, antes conocida como Petrus, afirma que sus representantes fueron amenazados por generales de la Sedena, quienes los instaron a modificar los acuerdos previamente acordados. Esta supuesta coacción ocurrió en una reunión que tuvo lugar alrededor del 27 de noviembre de 2023, después de la cual la empresa modificó los términos del contrato utilizando miedo e intimidación.
La denuncia revela una serie de irregularidades alarmantes en el proceso de contratación y operación de aviones para la aerolínea emblema del Presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que se encuentran:
Coerción Militar. SAT Aero Holdings, que es más un broker que una compañía con trayectoria y experiencia en el mundo del arrendamiento de aeronaves, denunció que sus representantes fueron amenazados y coaccionados por generales de la Sedena para modificar los términos del contrato. Esto plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de negociación y la legalidad de los acuerdos resultantes.
Falta de Experiencia de la Sedena. La demanda revela que la Sedena carecía del Certificado de Operador Aéreo (AOC) necesario para recibir al menos dos aviones, a pesar de haber importado las aeronaves. Esta falta de preparación y conocimiento por parte de la Sedena pone en entredicho su capacidad para gestionar contratos de esta magnitud, complejidad y sobretodo garantizar la seguridad operacional de los equipos.
Operación unilateral gubernamental. SAT Aero Holdings acusa al Gobierno mexicano de decidir operar la conformación de la aerolínea por su cuenta, prescindiendo de la intermediación de la empresa contratista a pesar de que esta había sido designada “mediante una licitación” para localizar proveedores de servicios. Este cambio unilateral en la operación, según la demanda, dejó a SAT fuera del proceso y generó una serie de dificultades financieras y operativas.
Falta de Transparencia en los Acuerdos. La demanda revela detalles del acuerdo firmado entre la Sedena y la empresa estadounidense que no se habían dado a conocer por el Gobierno federal. Estos hallazgos ponen de manifiesto la falta de transparencia, actividad recurrente del actual Gobierno de México, en la gestión de los contratos, lo que genera preocupaciones sobre prácticas corruptas de otros proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
Incumplimiento de Cláusulas Contractuales. SAT Aero Holdings busca una indemnización $840 millones de dólares por incumplimiento de contrato por parte de Mexicana de Aviación. Es una cantidad irreal e injustificable por el pago mensual por avión, tripulación y mantenimiento y otras garantías financieras.
Además se han generado serias dudas sobre la trayectoria y experiencia de sus representantes: el broker de aviones Luis Evia, el ex Director de Operaciones de la extinta Mexicana de Aviación Félix Sánchez, y el ex Director General que quebró a Interjet William Shaw cuya historia nos hace cuestionar sobre cuál era o es la relación que tienen con los funcionarios de la Sedena, que les permitió haber obtenido esa participación.
Como lo ha dicho Carlos Torres, experto en aviación, ahora se descubrió el escándalo de la contratación de un intermediario que demanda al gobierno de México por la renta de aviones. ¿Cómo después de esto podemos confiar que las aeronaves actuales y futuras cumplen con los protocolos de seguridad operacional y mantenimiento?
Este vergonzoso episodio deja en evidencia la corrupción arraigada y la falta de ética que prevalece en las altas esferas del poder en México. La presión militar ejercida sobre una empresa contratista para modificar un acuerdo comercial demuestra dos cosas. Primero la opacidad de haber contratado a una compañía para que hiciera las gestiones de arrendamiento de los aviones, en lugar de haberlo hecho directamente el gobierno de México. Segundo el incumplimiento de los acuerdos y contratos realizados.
Este no es solo un escándalo más en la historia del país. México merece transparencia, integridad y respeto por las leyes, y aquellos que perpetúan la corrupción y la coerción deben enfrentar las consecuencias más severas.
¿Hasta cuándo las autoridades tomarán medidas contundentes para erradicar estas prácticas corruptas y asegurar un futuro justo y equitativo para todos los mexicanos? No se sabe.
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