Bajo la bandera de no dañar la innovación, proteger la libertad de expresión y la propiedad industrial, así como defender la “neutralidad” de internet, la actividad regulatoria estatal -en al ámbito nacional y mundial- ha sido errática e insuficiente. ¿Era previsible el crecimiento del poderío de las grandes empresas tecnológicas? ¿Hubo negligencia por haber permitido que formaran el imperio que ahora tienen y que parece irreversible? Es sencillo juzgar en retrospectiva, pero el poder de estos gigantes es incluso mayor que el que tienen algunos países.
Sí, se trata de una industria sui generis. Su inmaterialidad invitó a las autoridades del mundo a la pasividad, incluida la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que concentró sus esfuerzos en la regulación de la infraestructura física de las redes. Por otra parte, su transversalidad y la convergencia de sectores otrora independientes, llevó al incipiente desarrollo de un proceso regulatorio dislocado. El tema de la extraterritorialidad lo complica aún más, pues la mayoría de estas compañías se encuentran es EU, pero prestan sus servicios en casi todo el mundo. Y las complejidades no se detienen ahí: los conflictos geopolíticos y geoeconómicos, la crisis del multilateralismo, la rivalidad tecnológica y la falta de comprensión técnica por parte de los actores públicos, son algunas de ellas.
La semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía General de Estados Unidos, junto con otros 16 fiscales estatales, presentó una denuncia contra Apple por prácticas anticompetitivas en los mercados de teléfonos inteligentes como impedir la interoperabilidad con equipos de otras marcas o utilizar su sistema operativo para bloquear o degradar otros servicios. Pero no solo eso; Apple cobra, para tener acceso a su tienda virtual, hasta 30% de comisión a otros desarrolladores que intentan vender suscripciones a sus plataformas y además les impide comercializar directamente.
¿Por qué hasta ahora actúa EU? Se trata de prácticas dañinas que han sido denunciadas desde hace años. ¿A cuánto asciende el daño a los consumidores y a los competidores por la pasividad regulatoria en este y otros casos? Hay un gran doble discurso de EU detrás de todo esto.
En efecto, dado el enorme poder de estas empresas, no es suficiente que un solo país los limite -solo quizás EU-. Canadá, por ejemplo, emitió la ley C-18 que establece la obligación a las plataformas como Meta o Google de pagar cierta compensación por difundir notas de los medios locales, la reacción fue virulenta; bloquean todos los enlaces publicados en sus plataformas desde Canadá (ver mi columna del 7 de agosto de 2023). Una demostración de fuerza y de rebeldía frente a la decisión soberana de un país de regularlos.
Ahora tenemos también a las plataformas de IA que están siendo desarrolladas por las mismas empresas y escuchamos las mismas excusas para limitar o evitar la regulación: matar la innovación, secreto industrial. Si bien la Unión Europea ha hecho esfuerzos para restringir ciertas conductas anticompetitivas de las FAANG, antes conocidas como GAFAM (Facebook -ahora Meta-, Amazon, Apple, Netflix y Google -ahora Alphabet-), lo cierto es que se requiere que EU también actúe firmemente.
En septiembre de este año, la ONU llevará a cabo la ‘Cumbre del Futuro’, en la que se replanteará el multilateralismo y se trabajará sobre el ‘Pacto del Futuro’, el cual incluirá, desde luego, el tema tecnológico. Es urgente reflexionar sobre las consecuencias del modelo de vida que estamos adoptando y que está siendo diseñado por un puñado de empresas.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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