El México Digital Summit 2025, organizado la semana pasada por DPL News bajo la dirección de Jorge Fernando Negrete, reunió a una asombrosa variedad de actores del ecosistema digital: reguladores nacionales y regionales, legisladores, operadores, empresas tecnológicas y organismos internacionales. El mérito de convocar a ese nivel de diálogo en el arranque de una nueva administración merece reconocimiento. El encuentro fue una verdadera puesta en escena del nuevo orden institucional, un corte de listón. Los mensajes pronunciados ahí ayudan a empezar a entender el rumbo que tomará la política digital del país, aún en construcción.
Merino y la digitalización estatal: un acierto incuestionable. Poco se dice sobre esta faena, pero avanzar hacia un país con trámites digitalizados implicará un gran bienestar para la población. José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presentó avances: más de cien trámites digitalizados y un ahorro estimado de 2 mil 500 millones de pesos. El acierto de Merino radica en su determinación de digitalizar al Estado; su reto será evitar que ese impulso se vea mermado por la actual lógica fiscal, el descuido de los datos personales y la excesiva intromisión en la privacidad.
CRT, Altán y los equilibrios por definir. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), presidida por Norma Solano, reiteró la meta de conectar a los 13 millones de mexicanos aún fuera de la red. Su anuncio de descuentos de hasta 50% en derechos de espectro para las empresas que desplieguen infraestructura en zonas rurales o sin cobertura fue recibido con entusiasmo, pero con reservas. Como recordó Ernesto Flores Roux en su columna de El Universal, el tema del espectro es una de las arenas más técnicas y complejas de la política pública mexicana. Reducir precios o prometer descuentos sin revisar la estructura total de los pagos -guante inicial más derechos anuales- puede ser un espejismo más que una solución. La historia reciente muestra que México mantiene uno de los esquemas más costosos de la región, lo que desalienta la inversión y reduce la competencia.
Altán Redes, que encabeza Zaira Pérez Salinas, presentó cifras interesantes, 87% de cobertura y presencia en 44 mil localidades, pero enfrenta un dilema estructural: ¿es un operador más o una empresa pública? Su control actual es estatal y todo apunta a que continúe su transición de amalgamarse con CFE Telecom a nivel operacional y quizás también legal, lo que nuevamente levantaría cejas en materia de neutralidad a la competencia.
Por su parte, el senador Javier Corral resaltó con gran vehemencia el proceso de conversatorios que él mismo encabezó en el Senado para modificar el proyecto de nueva ley de telecomunicaciones y prometió promover una ley para regular plataformas digitales. Su discurso alternó entre la crítica al borrador de ley de Merino y elogios al nuevo modelo buscando proyectar neutralidad, pero resulta inevitable recordar que pertenece a la fuerza política que desapareció las instituciones cuya creación él defendió ferozmente en otro tiempo.
Así, este Summit no fue un punto de llegada, sino de partida. En el México digital que comienza a dibujarse, todo queda por verse: la independencia de la CRT, el rumbo de Altán, las relaciones que establecerán los diferentes actores: CRT-Comisión Antimonopolios, ATDT-CRT, Altán-CFE-operadores privados y, sobre todo, la forma en que las nuevas instituciones tenderán la mano a la ciudadanía y la industria a partir de este nuevo orden digital mexicano.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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