La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones dejó algo más que un vacío institucional; dejó también a un grupo de extrabajadores atrapados en una madeja de interpretaciones legales, silencios administrativos y temores burocráticos. Eran 133; hoy quedan alrededor de 80 que buscan una indemnización que, a diferencia de otros órganos autónomos, no llegó.
Para reconstruir esta historia entrevisté a tres actores clave: Luz Elvira Guerrero, extrabajadora del IFT y una de las principales voces del grupo; Alejandro Pedroza, titular de la Unidad de Administración de la ATDT, quien ha fungido como enlace en el conflicto; y Javier Juárez, expresidente del IFT. También busqué al senador Javier Corral, autor de la modificación legal que detonó el problema, pero no hizo comentarios.
El origen del conflicto está en una decisión legislativa tan apresurada como mal planteada. En el último tramo de la discusión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Corral propuso modificar el artículo noveno transitorio para dividir a los trabajadores del IFT en dos categorías: quienes “gozan de estabilidad laboral” y quienes no.
El problema es que nunca se definió qué debía entenderse por “estabilidad laboral”. Esa omisión abrió la puerta al conflicto actual. Ni el INAI ni la Cofece hicieron distinciones semejantes: todos sus trabajadores fueron liquidados. En el IFT no.
Desde julio, los trabajadores pidieron al Pleno del Instituto que se pronunciara sobre la interpretación del asunto. Nunca hubo respuesta. En cambio, el 5 de septiembre emitió un acuerdo en el que sostuvo que tendrían derecho a indemnización quienes formaran parte del servicio profesional al momento de la extinción. El asunto, sin embargo, no es lineal: el propio IFT había sostenido en otros documentos oficiales que todo el personal —salvo los eventuales— formaba parte de ese servicio. La incertidumbre quedó sembrada.
Según me explicó Luz Guerrero, los acercamientos con la Agencia y con Norma Solano, ahora presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), avanzaban de manera constructiva. Alejandro Pedroza confirma que las negociaciones se condujeron de buena fe y que el problema no se percibía como insalvable. Todo cambió con la aparición de un documento administrativo aparentemente menor, pero con efectos mayúsculos.
Para retirar su seguro de separación con MetLife, los trabajadores debían acreditar que ya no laboraban en el Instituto. Para ello el IFT emitió el “Aviso de cambio de situación de personal”, una hoja de baja por extinción. Lo extraordinario es que, en este caso, el aviso —que suele ser unilateral— exigía la firma de conformidad del trabajador.
El 11 de diciembre, la CRT emitió un comunicado afirmando que, dado que los trabajadores firmaron su baja de conformidad, el asunto debía resolverse en tribunales. Pedroza explica que ni la ATDT ni la CRT conocían el contenido de esas hojas y que fue Hacienda la que advirtió que pagar indemnizaciones ahora podría generar responsabilidades administrativas. Ahí se detuvo todo. ¿Cómo es posible que avanzara tanto el diálogo sin que las nuevas autoridades revisaran a fondo los expedientes?
Guerrero sostiene que firmar era la única vía para acceder a su dinero y a su finiquito; nadie les advirtió que esa firma pudiera interpretarse como una renuncia de derechos. De haberlo sabido, asegura, no lo habrían firmado.
Javier Juárez me aseguró que el IFT aplicó la literalidad de la ley y que no tenía competencia para interpretarla. La pregunta inevitable es: si no la tenía, ¿de qué va el criterio emitido en septiembre, por qué no consultó formalmente a otras autoridades? ¿Por qué hacer firmar un aviso que en realidad no requería conformidad del trabajador?
El hilo conductor de esta historia es el miedo: miedo a las responsabilidades administrativas, miedo a decidir, miedo a corregir. Pero en esa parálisis, quienes pagan el costo son los trabajadores. No hay un solo foco de responsabilidad, más allá de la innecesaria reserva de Corral que detonó todo. Lo verdaderamente injusto es el trato desigual y la condena a litigar durante meses o años. La firma de un aviso no extingue derechos laborales. Sostener lo contrario es absurdo. Con voluntad política y acompañamiento de las autoridades laborales aún es posible un acuerdo indemnizatorio. Porque si hay responsables en esta historia, claramente no son los trabajadores.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación. X y Threads: @soyirenelevy