Por Gerardo Bonilla Alguera
La profesionalización de las policías ha sido un tema recurrente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) desde 1996. Tres décadas después, esta es una asignatura pendiente del Estado mexicano. El 2 de septiembre de 2025 se realizó la 51ª Sesión Ordinaria del CNSP. Se aprobaron tres acuerdos para el fortalecimiento de las capacidades de investigación de las policías locales: a) el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizará el Modelo de Unidades de Investigación del Delito de la Policía; b) elaborará el Programa de Formación para el Personal Policial con Funciones de Investigación e Inteligencia; y c) establecerá criterios para la evaluación de los agentes.
En 2026 iniciará la fase de implementación. Dada esta coyuntura, resulta pertinente plantear algunas sugerencias para el proceso de formulación e implementación. De entrada, hay que considerar dos aspectos relevantes. Primero, se contempla “actualizar” el modelo vigente, no sustituirlo. En segundo lugar, es probable que se adapte lo que ya hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para reclutar y formar nuevos agentes federales de investigación e inteligencia. Es decir, no hay mucho margen para la innovación y se privilegia la viabilidad mediante cambios incrementales en la política de desarrollo policial.
Para poner en contexto las propuestas, es necesario describir el modelo vigente desde 2021.
Las bases de la estructura organizativa se componen de tres categorías de policías y de tres tipos de unidades, en función del “nivel de madurez” institucional. Se busca una coordinación efectiva entre esta Unidad de la policía estatal y el Ministerio Público. Se contempla la “policía investigadora” a cargo de la indagatoria material de los hechos que presumiblemente constituyen un delito (agentes de campo y de gabinete). Mientras que la “policía de gestión jurídica” se especializa en el proceso legal de investigación y en labores de enlace con la fiscalía. Finalmente, la “policía con capacidades para procesar” se encarga de la búsqueda de pruebas y trabaja de manera coordinada con el área pericial de la fiscalía.
El “nivel 1 básico” de las unidades establece la conformación con al menos cinco policías investigadores de campo y dos de gabinete con poca experiencia y operación mínima. El “nivel 2 intermedio” requiere personal capacitado y con cierta experiencia. Contempla que al menos uno de los policías realice labores de procesamiento y que otro cuente con conocimientos jurídicos básicos para actuar como enlace con la fiscalía. El “nivel 3 avanzado” estipula la creación de unidades especializadas con varios policías de cada tipo, así como el acceso a bases de datos y herramientas especializadas para la investigación.
Ciertamente, ya hay avances. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (2025) del INEGI el año pasado había 29 Unidades de Inteligencia (el dato de la Ciudad de México y Jalisco no estaba disponible, Tabasco reportó no tener) y 20 Unidades de Investigación (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo estaban en proceso de integración, Coahuila, CDMX, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz no reportaron información, Sonora declaró no tener). Lo que este censo no reporta es el nivel de unidad que se constituyó en cada entidad federativa.
Para mejorar el diseño del modelo, se sugieren tres acciones simples que podrían tener un mayor impacto. En primer lugar, establecer como requisito para formar parte de la “Policía Investigadora” contar con licenciatura concluida, tal como se establece a nivel federal. En segundo lugar, eliminar el requisito de 3 años de experiencia mínima en la policía. La actualización del modelo es una buena oportunidad para renovar el estado de fuerza mediante la incorporación de profesionistas con vocación de servicio. En tercer lugar, se recomienda incluir, como variables de selección del modelo, la incidencia delictiva y la carga de trabajo (averiguaciones previas e investigaciones iniciadas por cada Ministerio Público).
Para fines de implementación, es recomendable difundir la convocatoria de manera focalizada, priorizar las facultades de derecho para la “policía de gestión jurídica” y buscar personal con experiencia en el Poder Judicial. Lo importante será ofrecer sueldos y prestaciones competitivos. También será crucial actualizar el Programa de Formación Inicial para Policía de Investigación (2024), que actualmente contempla 1,000 horas de clase. La parte sustantiva recae en el método de estudio del caso. Es una buena herramienta didáctica, pero requiere insumos de calidad y profesores con experiencia probada como facilitadores. Además, se requiere que el SESNSP defina indicadores de gestión y de resultados para monitorear los avances en la implementación y el fortalecimiento de las 32 Unidades de Investigación del Delito.
En suma, el acuerdo del CNSP para mejorar las capacidades de investigación delictiva de las policías es un acierto. Abre una ventana de oportunidad para actualizar y alinear las necesidades de desarrollo policial con la estrategia nacional de seguridad. Sin duda, la experiencia de las personas titulares de la SSPC y de la SESNSP en su paso por el gobierno de la Ciudad de México es un activo. El “saber hacer” lo tienen; el reto ahora es la implementación y la coordinación con los gobiernos locales, que ha sido el principal obstáculo durante décadas.
Gerardo Bonilla Alguera
Profesor investigador del Instituto Mora. https://www.institutomora.edu.mx/Investigacion/GerardoBonilla/SitePages/Inicio.aspx