Los problemas de México ante Estados Unidos rebasan por mucho el ámbito arancelario y de comercio. La inseguridad, los asaltos en carreteras, la extorsión, el cobro de piso, la desaparición de personas y el secuestro siguen dibujando parte del perfil extremo del Estado fallido.
La reacción de la abuela que asesina a dos personas que se negaban a devolverle su propiedad, es reflejo de la debilidad y pérdida de un Estado de derecho y de un gobierno indiferente ante el linchamiento y la justicia por propia mano, que promueve y admite también la desaparición de organismos constitucionales defensores de la libre competencia, la transparencia y la rendición de cuentas.
México registra niveles estratosféricos de violencia, muy por encima de Ucrania y otras zonas de guerra. Enderezar la seguridad pública plantea el reto formidable de evitar que continúe la demolición del Estado de derecho en su conjunto, es decir, de la legalidad, el respeto a las reglas del juego y a las instituciones propias de una república democrática, cuyo funcionamiento cimentaría la certeza jurídica, las inversiones productivas, el crecimiento económico y el desarrollo social.
Lejos de fortalecer las capacidades nacionales para navegar en las aguas revueltas de una guerra arancelaria, la elección de jueces por voto popular, sigue potenciando suspicacias y ahuyentando inversiones productivas.
México sigue la ruta del empobrecimiento paulatino de su población, no sólo por una coyuntura económica adversa, sino por su debilitada democracia e institucionalidad republicana
El análisis riesgo-país que realizan calificadoras internacionales muestra cómo sube el precio de la deuda contratada por México y se degrada la solvencia de las finanzas públicas ante un capitalismo de cuates que seduce a nuevas élites con acceso a contratos huachicoleros y negocios amarrados al gasto público.
Si Claudia Sheinbaum decidió no entrar al ojo por ojo con Trump y buscar soluciones negociadas en temas del comercio bilateral, no debería dejar espacio para cantar victoria, tampoco para trivializar e ignorar lo que viene y menos para jugar con fuego.
Si Estados Unidos puede manejar el impacto arancelario y resarcir a quienes pagarán más por bienes adquiridos a un mayor precio, México —que exporta 3 millones 900 mil vehículos a EU— no parece dispuesto a hacer condonaciones fiscales, aplazar pago alguno de impuestos, ni a generar incentivos como los que reciben exportadores en el país del norte. Sin una política industrial y de comercio vinculadas con la indispensable certeza jurídica, proseguirá la migración de empresas a EU.
Está visto que la agenda inmediata del oficialismo está en forzar una reforma judicial que aumentará el control de fallos y sentencias de jueces para favorecer lo que determine el movimiento morenista.
La agenda de comercio de Estados Unidos con México, nos guste o no, seguirá siendo también un instrumento para presionar por el control de la migración y detener el avance del narcotráfico y continuar la entrega de cabezas políticas cómplices de la delincuencia organizada que en Estados Unidos se consideran parte del grave problema de seguridad que allá también enfrentan y que justifican la dura exigencia hacia México.
El problema de México no es uno, sino un conjunto de problemas imbricados unos con otros. Su exacerbación seguirá siendo consecuencia de una democracia débil, con una sociedad harta de frustraciones y robaderas transexenales, hoy agravadas por 6 años de más impunidad, engaño y complicidad criminal que han llevado al país a ser descrito internacionalmente como un narcoestado populista.
Ante coyunturas tan adversas, México está urgido de proyectar Estado de derecho, respeto a la seguridad jurídica, más capacidad para abatir la impunidad, reordenar la seguridad pública, generar confianza, inversiones productivas y verdadero crecimiento.
Notario y exprocurador de la República
