La reforma del artículo 132 del Código Fiscal de la CDMX trajo inquietud y preocupación a los propietarios de inmuebles habitacionales de la CDMX. Son tantas las irregularidades de la encuesta interesada en saber el uso privado de tus bienes, que resulta difícil no despertar nuevos temores sobre cuáles pueden ser sus verdaderas y ocultas intenciones, incluso por la afinidad con Cuba y China, país que mantiene un control político y social absoluto y férreas regulaciones sobre la propiedad privada.
Aunque la obligación de otorgar información privada está dirigida a un pequeño grupo de menos del 3% del total de las cuentas catastrales, se asume que pertenecen a un segmento de ciudadanos hacia los cuales este y el anterior gobierno manifiestan pública antipatía.
¿Por qué necesita este gobierno una encuesta de capacidad inmobiliaria si cuenta con la información de la Seduvi, el Registro Público y el propio Catastro? ¿Por qué el énfasis en saber si el predio está ocupado o desocupado, si es prestado o arrendado? Si cualquier registro estadístico tiene una finalidad expresa, ¿por qué el propósito de éste no ha sido revelado hasta ahora? Resulta difícil creer que si efectivamente es un ejercicio estadístico voluntario, el propio Código Fiscal establezca multas en caso de su incumplimiento.
Ya entrados en materia de las multas, en la improcedencia de las mismas y al haber señalado la jefa de gobierno que no se aplicarán ¿no sería mejor derogar de plano el 132 y evitar que resurja en cualquier otro momento tomando de nuevo a los propietarios por sorpresa?
Igual de sospechoso y más peligroso aún es que el trámite no requiera ningún documento probatorio de la propiedad o posesión del inmueble. Cualquier invasor, arrendatario o comodatario podrá declararse propietario, abriendo la puerta a diversas formas de fraude.
Ante la confusión, lo conveniente será responder los puntos 1 y 2 del formato (nombre de la persona, cuenta predial y CURP) y señalar en el 6 sobre la negativa a llenarlo: por el derecho a la privacidad.
Capturar información sobre inmuebles habitacionales ocupados, desocupados u ocupados parcialmente, (algo que nada tiene qué ver con el catastro) parece anticipar la intención de seguir buscando rutas expropiatorias y de ocupación de bienes inmuebles como las seguidas en Alemania del Este o en Cuba con la llamada Reforma Urbana, dos experimentos marcados por el fracaso, el deterioro urbano y la corrupción.
Si continúa la política antiinmobiliaria iniciada desde el gobierno anterior, será cada día más lenta y enredada la obtención de permisos de construcción, alejando también la posibilidad de lograr una mayor oferta de viviendas dignas, diferentes a las que surgen en espacios de hacinamiento de la periferia, de esos que condenan de antemano a sus habitantes a dedicar más de 4 horas a cubrir el trayecto diario casa-trabajo-casa.
Preocupa que nuestros diputados sigan dedicados a iniciativas de supuesta finalidad estadística en lugar de enfocarse a atender problemas reales de la ciudad como la inseguridad, la violencia, la corrupción, el transporte, la contaminación, el agua, el ambulantaje y el deterioro de calles y avenidas y de los servicios públicos, entre otros.
Hace apenas un año atravesamos la peor crisis hídrica de la historia y estuvimos cerca de quedarnos sin agua en la CDMX. Mucho se criticó la falta de una política específica ante el problema, se formó incluso un comité y se llevaron a cabo reuniones. ¿Alguien sabe si se ha logrado algo al respecto?
Sin ánimo destructivo alguno, comparto como ciudadano estas visiones y experiencias. Quiero lo mismo que quieren los ciudadanos de esta capital, que se hagan bien las cosas y se logren soluciones ante problemas fundamentales para lograr una mejor calidad de vida para todos.
Notario, ex Procurador General de la República
