En un régimen democrático todo ciudadano tiene derecho de opinar y expresar sus ideas, pero ese acto puede ser políticamente inadmisible si quien lo realiza es un expresidente que actúa a contrapelo ante circunstancias que solo competen a la responsabilidad indeclinable de la Presidenta de la República en funciones.
Si una fracción de Morena en el Senado hizo circular un documento cuya autoría se atribuye al expresidente y fue entregado por el coordinador morenista en esa cámara –según versiones hasta hoy no desmentidas— la cosa cambia. Y más si ese documento es un posicionamiento para un partido en el poder que advierte del riesgo de una lucha social o armada contra el gobierno si éste modifica o permite cambios en los enfoques seguidos durante seis años frente el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Como lo señala Ricardo Pascoe al comentar el documento cuyo origen se atribuye al expresidente, el mensaje es una advertencia que no puede ser desestimada; y menos en un momento especialmente delicado y tenso en la relación con la Casa Blanca. En lugar de un intercambio bilateral de triviales “ocurrencias” (el Golfo de América o la América Mexicana, bla, bla) haría falta una más sólida institucionalidad constitucional sin las fisuras de la construida a toda prisa al gusto del fundador de la 4T.
Ante un mundo cada vez más expuesto a la inmediatez y masividad de chismes, infodemias, fake news y opiniones irresponsables, el ámbito público debería favorecer el uso y costumbre de vencer el anonimato y arriesgar algo tan personal como el nombre, el prestigio y la fama pública para asumir la responsabilidad política y moral de lo que se dice.
De tal modo, si un expresidente hace añicos la regla de oro de mantener un perfil bajo después de su mandato debiera al menos transparentar la autoría de sus recomendaciones, en este caso para no ser percibido como un defensor de personajes hoy enfrascados en luchas violentas que afectan a miles de personas, desploman el empleo y afectan las actividades económicas al romperse la pax narca prevaleciente entre ellos.
Alterar la rectoría constitucional, el pacto federal y la división de poderes debilita instituciones fundamentales cuando más falta hacen a una sociedad tan polarizada y necesitada de unidad nacional.
No olvidemos que una declaración desde el Comando Norte de Estados Unidos cimbró hace tres años a la opinión pública al estimar que la tercera parte del territorio nacional estaba dominada por el narcotráfico. ¿Actualizará pronto su cálculo esa misma fuente? ¿Con qué consecuencias? ¿Alguien duda que en Sinaloa el poder de un capo superó al del gobernador?
Por otra parte, la inseguridad pública y la inseguridad jurídica son dos de los grandes obstáculos presentes al despuntar el año, tal vez los principales para que la inversión nacional y extranjera mantenga flujos positivos en 2025 y se proteja mejor ante escenarios que prevén un bajo crecimiento del PIB.
En síntesis, no queremos un país bicéfalo La presidenta es Claudia Sheinbaum, única con legitimidad constitucional, legal y política para ejercer el cargo. Nadie le ha pedido que actualice el episodio de Cárdenas ante Calles o el de López Portillo con Echeverría al enviarlo de embajador a las remotas Islas Fidji.
México requiere dar -dentro y fuera del territorio- señales mucho más claras de quién ocupa y ejerce el cargo presidencial con el mandato constitucional y la competencia que le dan las leyes. Una presidenta que actúe contra la impunidad, la inseguridad pública, promueva la certeza jurídica, impulse las inversiones, el crecimiento y el desarrollo económico, social y humano del país. Con eso habrá cumplido.
Mientras tanto, a 9 días haber sido circulado ese documento ¿alguien puede recordarle al expresidente que su cargo concluyó el último día de septiembre del año pasado?
