El gasto de los gobiernos de Morena tenía que pasar factura. Después de siete años, la cuenta llegó y se carga, como siempre, al bolsillo de quienes menos tienen.
El FMI prevé para 2025 un déficit fiscal de 4.3%, el más alto en dos décadas. El diagnóstico es evidente: una economía estancada, una política de gasto excesivo y obras públicas multimillonarias que se han vuelto monumentos a la ineficiencia.
Prometieron que no habría nuevos impuestos ni endeudamiento, que todo se financiaría combatiendo la corrupción, sin embargo, la corrupción ha aumentado, y se ha vuelto escandalosa.
La deuda crecerá 1 billón 700 mil millones de pesos en 2026 y para enfrentar el gasto, el gobierno recurre a un nuevo truco: Incrementará el IEPS, habilitará el espionaje y gravará más la pobreza. Además, al elevar el IEPS en productos básicos el precio final sube y con él el IVA que se cobra sobre ese precio. Es un impuesto sobre el impuesto, una trampa aritmética que multiplica la carga al consumidor.
Con ese pretexto, los diputados duplicaron el IEPS a bebidas azucaradas, de 1.64 a 3.08 pesos por litro a partir de 2026, aumentaron el del tabaco a 200% e impusieron un 8% a los videojuegos “violentos”. La narrativa es noble: cuidar la salud; pero los hechos son otros, ningún peso recaudado está etiquetado para clínicas, vacunas o medicamentos. Todo se diluye en el gasto general.
Lo peor es que el impuesto golpea más fuerte a quienes menos tienen. Se castiga al hogar que compra un refresco, pero se tolera el saqueo en la administración pública. Se dice que con el IEPS se combate la obesidad, pero en realidad alimenta la ineficiencia fiscal.
La ironía es brutal. Las familias tienen que estirar el gasto y financiar obras faraónicas y escándalos de corrupción, verdaderos boquetes que se cuentan en miles de millones de pesos, muy por encima de lo que el gobierno obtendrá exprimiendo al consumidor.
¿No sería más conveniente, sin gravar el pan y el refresco, recuperar el billón de pesos que se fuga cada año en el huachicol fiscal o que se auditen las obras públicas cuyo costo se duplicó o triplicó sin explicación? La falta de transparencia en esas obras es un síntoma inequívoco de ocultamiento, y el ocultamiento es siempre síntoma de corrupción. Se oculta lo que no se quiere que se vea, y no se quiere que se vea lo que está mal.
El otro impuesto que pasó inadvertido es un golpe silencioso para ahorradores, es el 0.9% sobre el capital total de los ahorros. La mayoría de los ahorradores no solo no obtendrán ganancias, sino que en muchos casos registrarán pérdidas. Digamos que alguien ahorra $100 pesos: al año obtendrá $6.50 de rendimiento, de los cuales $4.80 se desvanecerán por la inflación; $1.30 será retenido por ISR y $0.90 se retendrá a causa del nuevo impuesto. Al final perdió $0.50.
¿Por qué gravar el capital? La redacción de la Ley de Ingresos establece una retención directa y provisional al capital ahorrado respecto de un recurso que ya pagó impuestos. Es no solo abusivo, sino inconstitucional. La discrecionalidad sustituye a la técnica.
Y mientras los ciudadanos enfrentan precios cada vez más altos, el gobierno amenaza con gravar redes sociales y plataformas digitales. Nos costará más conectarnos, entretenernos o informarnos. El problema va más allá del dinero: es una intrusión directa en la privacidad. Cada “reforma digital” encubre el deseo de vigilar y controlar en tiempo real lo que vemos, lo que decimos y lo que compramos. Bienvenido el espionaje fiscal con ropaje de política pública.
Los nuevos impuestos son el síntoma del agotamiento fiscal de un Estado que no produce ni ahorra, que prefiere castigar al ciudadano antes que reformarse a sí mismo. El gobierno debería empezar por recuperar lo robado, auditar lo malgastado y castigar lo desviado. Ese es el verdadero impuesto pendiente.
En México las tienditas son el termómetro que marca la fiebre fiscal de un país en el que los ciudadanos nos hemos convertido en la alcancía de emergencia del Estado.
Notario, exprocurador general de la República