A las madres y mujeres buscadoras: Con respeto y admiración.
La iniciativa de reforma fiscal a las herencias y donaciones -presentada recientemente por el PVEM ante el Congreso de la Ciudad de México- deja en claro que la estrategia para redistribuir la riqueza, reducir la pobreza y la desigualdad no pasa por impulsar el crecimiento ni el desarrollo económico, sino por la acción directa impositiva que castiga de múltiples maneras el patrimonio, la propiedad y la inversión privada.
A la ola de reformas inmobiliarias contrarias al derecho de propiedad impulsadas por este gobierno, hay que agregar la que hoy navega de a muertito hacia su aprobación por parte del acrítico y avasallador morenismo legislativo.
Hace dos años AMLO nos dijo falsarios a quienes alertamos de reformas que afectarían la propiedad privada. Hoy son realidad y trascienden la barrera sexenal con su carga de nuevos riesgos y afectaciones. Las recientes reformas a la Constitución de la CDMX y a la Ley de Derechos Humanos son prueba de ello.
La iniciativa afirma que es por recomendación de la OCDE, sin embargo, se evita hacer cualquier referencia a otras recomendaciones de ese organismo como el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, el combate a la corrupción y la calidad educativa.
Las operaciones que superen los 15 millones de pesos pagarán, dependiendo el caso, entre 10 y 30% sobre el valor excedente: 10% cuando esta no supere los 30 millones; 20% cuando sea hasta 150 millones y 30% cuando se trate de más de 150 millones, con independencia de lo que se sume a los demás ingresos anuales y los ubique en más del 35%.
El gravamen a las herencias y donaciones ya existe y es del 20% como pago provisional, pero sólo obliga a las personas residentes en el extranjero, aun siendo mexicanos.
Sin razón aparente la propuesta de ley del Partido Verde exenta del impuesto a las personas con discapacidad. Avizoro una buena cantidad de procesos fraudulentos para evadir este impuesto con ese mecanismo.
No es la primera vez que se presenta una iniciativa de estas características. En México, en la década de 1950, se introdujo una medida semejante que produjo una baja recaudación y elevado descontento, que motivaron su eliminación.
La iniciativa destruye mecanismos generadores de valor real, desalienta el ahorro, obstaculiza la conformación de patrimonios familiares, ahuyenta la inversión y provocará la fuga de capitales. En países que aplican este impuesto la recaudación no supera el 0.5% del PIB.
Los patrimonios gravables con los porcentajes señalados han pagado previamente diversos impuestos; además de la afectación desproporcionada, el aumento tendrá un impacto negativo en la actividad inmobiliaria y en la inversión. Muchos querrán “heredar en vida” y se desprotegerá a los donantes.
En un 2025 de bajo crecimiento del PIB y debilidad inusitada en las finanzas públicas, déficit fiscal al alza y gasto público recortado, el gobierno federal disfraza sus afanes recaudatorios. Las inversiones directas no llegan por falta de seguridad e infraestructura y ahora desalientan con iniciativas como ésta la inversión nacional. Los mexicanos pagamos una multiplicidad de impuestos locales y federales, que rondan más del 60% de cada peso que se gana, sin verse reflejados en obras, en salud, en seguridad o servicios para una mejor calidad de vida. ¿Pues de qué se trata?
Notario, ex Procurador General de la República
