El día por fin llegó. La Corte Suprema de Estados Unidos publicó su sentencia sobre el poder presidencial para imponer aranceles y determinó que Donald Trump excedió su autoridad al imponer estas tarifas a prácticamente todos los aliados comerciales del país.
En una votación de 6 a 3, las y los ministros concluyeron que los aranceles rebasaron el poder que el Congreso otorgó al presidente en una ley promulgada en 1977, la cual le confería facultades al titular del Poder Ejecutivo para regular el comercio únicamente durante emergencias nacionales frente a amenazas extranjeras.
Por su parte, los ministros Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra y sostuvieron que el presidente debería poder imponer aranceles con base en su autoridad para conducir las relaciones exteriores de Estados Unidos. Además, advirtieron que la sentencia podría generar caos, ya que los importadores buscarían reembolsos.
Se trata de una sentencia interesante por muchas razones. En primer lugar, el documento de 170 páginas incluye votos concurrentes y disidentes que ocupan más espacio que la opinión de la mayoría, redactada por el ministro presidente John Roberts. Esto da cuenta de la dificultad que enfrentaron las y los ministros para llegar a una resolución y de las profundas diferencias que existieron, incluso entre quienes coincidieron en el resultado final. Una falta de consenso en la mayoría podría resultar en criterios débiles.
En segundo lugar, la decisión representa una clara derrota para el presidente Trump y para su principal estrategia comercial. Aunque la Corte Suprema está integrada por una mayoría de seis ministros conservadores, incluidos tres nominados por el propio Trump, ello no impidió que establecieran que el poder presidencial no es absoluto y que la imposición de aranceles a otros países requiere la aprobación del Congreso. En otras palabras, Estados Unidos sigue siendo una democracia constitucional: ningún poder está por encima de otro y siguen existiendo frenos y contrapesos frente a los excesos del Ejecutivo.
Las implicaciones de esta sentencia para la economía y los consumidores son enormes. El gobierno federal ha recaudado más de 200 mil millones de dólares en aranceles desde el inicio del año pasado, y las empresas ya han comenzado a contratar abogados con la esperanza de obtener devoluciones e incluso indemnizaciones por las tarifas pagadas. The Budget Lab, un proyecto de la Universidad de Yale, ha publicado un informe que muestra con datos empíricos los posibles efectos de esta decisión.
En respuesta, el presidente Donald Trump declaró en una conferencia de prensa que se encontraba decepcionado del Tribunal Supremo y de algunos de sus integrantes. Afirmó que acataría la sentencia porque “es un niño bueno”, pero sostuvo que el Congreso ya ha delegado al presidente autoridad para imponer ciertos aranceles. Además, leyó el voto disidente del ministro Kavanaugh, en el que se enumeran diversas herramientas legales que Trump planea utilizar para emitir nuevos aranceles, incluidas las secciones 232, 122, 301 y 338 de la Ley de Comercio. También anunció que ese mismo día firmaría órdenes ejecutivas para hacer efectivas dichas facultades.
Esta sentencia representa, además, una confrontación directa entre el Poder Judicial y el presidente Trump, quien durante el último año ha utilizado diversos medios para intimidar y amenazar a jueces cuyas resoluciones han bloqueado sus políticas. La próxima semana, Trump pronunciará un discurso ante el Congreso, en presencia de los miembros de la Corte Suprema y no sorprendería que se pronunciara en su contra o realizara algún gesto para manifestar su descontento.
Vale la pena recordar un fragmento del informe de fin de año del ministro presidente John Roberts: “Los intentos de intimidar a los jueces por sus decisiones en los casos son inapropiados y deben ser enérgicamente rechazados. Los funcionarios públicos, desde luego, tienen derecho a criticar el trabajo del Poder Judicial, pero deben ser conscientes de que la intemperancia en sus declaraciones cuando se refieren a los jueces puede provocar reacciones peligrosas por parte de otros”.