El viernes 27 de junio de 2025 se publicó la sentencia del caso Trump v. CASA. Este asunto, en un inicio, versaba sobre la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, los abogados del presidente modificaron el enfoque de su argumentación y lo centraron en las suspensiones universales: una herramienta con la que contaban los jueces federales para bloquear, a nivel nacional, políticas del Ejecutivo. Es decir, estas medidas aplicaban no solo a las personas que demandaban, sino también a todas aquellas que pudieran verse afectadas por la política impugnada.
La Corte Suprema determinó que los jueces federales exceden su autoridad al emitir suspensiones universales. La sentencia, redactada por la ministra Amy Coney Barrett, sostiene que esta figura no forma parte de la historia ni de la tradición jurídica de Estados Unidos. De acuerdo con la mayoría del tribunal, la Ley del Poder Judicial otorga ciertas facultades a los tribunales federales, pero estas no son absolutas. Argumentan que, entre 1963 y 2023, solo se emitieron 127 suspensiones universales, y que 96 de ellas se dictaron durante las administraciones de Bush, Obama, Trump y Biden. En consecuencia, consideran que se trata de una herramienta reciente, impulsada por razones políticas.
A partir de esta decisión, los tribunales federales ya no podrán suspender políticas que consideren contrarias a la ley o la Constitución de manera generalizada. No obstante, la ministra Coney Barrett mencionó que una posible vía alternativa serían las demandas colectivas, mediante las cuales un grupo de personas demanda en representación de otros, y si obtienen una resolución favorable, todos reciben la protección legal correspondiente.
En un voto disidente contundente, la ministra Sonia Sotomayor advirtió que ningún derecho está a salvo bajo el nuevo régimen jurídico que ha impuesto la mayoría de la Corte. Afirmó que la sentencia no es más que una invitación abierta para que el gobierno pase por encima de la Constitución. Y concluyó que, al no estar dispuesta a ser cómplice de semejante ataque al sistema jurídico, disentía.
Ante la diversidad de opiniones que ha provocado la sentencia, conversé con Linda Greenhouse, periodista ganadora del premio Pulitzer, quien cubrió la Corte Suprema para The New York Times durante más de 30 años. Coincidimos en que esta sentencia representa una combinación compleja entre derecho y política.
Greenhouse recordó que, durante la administración de Joe Biden, jueces nombrados por Trump emitieron varias suspensiones universales para frenar sus políticas, lo que generó gran molestia entre los demócratas. Sin embargo, muchos de esos casos llegaron a la Corte y las políticas se liberaron. Ahora, la situación se ha invertido: son los republicanos quienes protestan porque los jueces federales bloquean las políticas de Trump. Ante este ir y venir, Greenhouse considera que, “desde el punto de vista jurídico, la Corte Suprema probablemente tuvo razón al limitar estas suspensiones”. Pero también advierte que la mayoría se equivocó al no reconocer el contexto del caso: la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es completamente inconstitucional. ¿Por qué permitir que entre en vigor siquiera un minuto?
Muchos medios y analistas creían que la ministra Amy Coney Barrett —nominada por Trump tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg— comenzaba a perfilarse como una jueza moderada, distante de la mayoría conservadora. Trump v. CASA es su primera sentencia mayoritaria y con ella ha dejado claro que su enfoque es decididamente conservador y originalista. En palabras de Greenhouse: “los liberales que pensaban que Amy Barrett era una especie de salvadora estaban siendo prematuros e incluso ingenuos”.
Pero hay más. Coney Barrett tuvo un inusual enfrentamiento con la ministra más joven de la Corte, Ketanji Brown Jackson. Jackson argumentó que esta sentencia concede un poder ilimitado al presidente, cuando en realidad corresponde a los tribunales servir como contrapeso mediante las suspensiones. Barrett respondió directamente en la sentencia, afirmando que Jackson “denuncia a un Ejecutivo imperial mientras respalda a un Poder Judicial imperial”. Esta cita directa a otra ministra parece rebasar los límites de la cordialidad y el respeto que se espera entre integrantes de un tribunal colegiado.
Otro aspecto preocupante es la sugerencia de reemplazar las suspensiones universales por demandas colectivas. En los últimos años, estas acciones se han convertido en un lucrativo negocio para ciertos sectores del gremio jurídico. La nueva doctrina obligará a que más personas acudan individualmente a los tribunales, lo cual implica mayores costos. Quienes sufrirán las consecuencias serán, sobre todo, las personas migrantes, que frecuentemente carecen de los recursos para litigar. Si bien existe trabajo pro bono, también hay que recordar que Trump ha amenazado con investigar y sancionar a las firmas legales que adopten políticas de inclusión o apoyen causas específicas, además de atacar el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro que critican sus políticas.
En este contexto, pareciera que Trump ha logrado paralizar al sistema. Aunque su política migratoria aún no entra en vigor —pues debe pasar un periodo de 30 días— dos organizaciones ya han presentado demandas colectivas. Lo más probable es que la orden vuelva a ser bloqueada. Sin embargo, lo que hizo la Corte Suprema sí limita la capacidad de los tribunales federales para actuar como contrapeso frente a los abusos del Ejecutivo.
Este caso me recuerda una pregunta que hicimos hace unos meses al profesor Yaniv Roznai: ¿queremos tribunales que cedan ante la presión para no ser atacados y conservar legitimidad, o cortes que ejerzan su independencia con firmeza, aunque sus decisiones generen conflicto político? En Trump v. CASA, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dejado muy clara su preferencia.
