El pasado miércoles 28 de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos emitió una sentencia que bloquea los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump contra los socios comerciales del país en abril de este año.
De acuerdo con el tribunal, compuesto por un panel de tres jueces, Trump excedió sus facultades como titular del Poder Ejecutivo al invocar la Ley de Facultades Económicas en Caso de Emergencia Internacional para imponer dichos aranceles. Esta ley, promulgada en 1977, fue diseñada exclusivamente para responder a emergencias internacionales mediante medidas como embargos y sanciones; en ningún párrafo se hace mención a la imposición de aranceles.
Es importante subrayar que el fallo no afecta los gravámenes sobre el acero, el aluminio y los automóviles, ni aquellos que el presidente Trump ha amenazado con imponer sobre productos farmacéuticos, semiconductores y otros bienes críticos.
El tribunal le dio a la administración Trump un plazo de diez días para retirar las medidas impugnadas, aunque el equipo legal del presidente ya apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, declaró que “no les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional” y añadió que Trump utilizaría “todas las herramientas del Poder Ejecutivo para hacer frente a esta crisis”.
La política comercial del presidente Trump ha sido tan controvertida que incluso sectores de la comunidad jurídica conservadora han expresado abiertamente su oposición. En abril, un grupo de destacados abogados, académicos y exfuncionarios públicos conservadores presentó un amicus curiae al respecto. Entre los firmantes se encuentran figuras como el profesor Richard Epstein; Steven Calabresi, fundador de la Federalist Society; Michael B. Mukasey, juez federal en retiro; y tres exsenadores del Partido Republicano.
Una de las secciones más contundentes del documento afirma: “El poder de imponer impuestos, de regular el comercio y de trazar el rumbo económico de la nación debe permanecer en el Congreso. No puede deslizarse silenciosamente hacia las manos del presidente por inercia, descuido o interpretaciones creativas de leyes que nunca tuvieron la intención de otorgar tal autoridad. Esa convicción no es partidista. Es constitucional. Y va al corazón de este caso.”
La coalición conservadora no se detuvo ahí: en un segundo caso, presentó otro amicus curiae ante el Tribunal Federal del Distrito de Washington, documento que fue citado por el juez en la sentencia en al menos ocho ocasiones.
Este segundo escrito advierte que el caso eventualmente llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde las y los ministros deberán enfrentarse a dos doctrinas jurídicas impulsadas por el propio movimiento conservador; ambas contrarias a las medidas adoptadas por Trump. La primera, la doctrina de no delegación, sostiene que el Congreso no puede transferir facultades legislativas ilimitadas al Poder Ejecutivo. La segunda, la doctrina de cuestiones de gran importancia, establece que el Congreso debe autorizar con lenguaje claro y explícito cualquier orden ejecutiva que tenga un impacto profundo en la economía nacional.
Los amicus curiae tienen un peso considerable en los litigios, pues permiten que actores ajenos al caso aporten argumentos que enriquecen el análisis judicial y brindan una visión más amplia a los jueces. El hecho de que un grupo de juristas conservadores haya presentado un documento contra las políticas de un presidente republicano representa una derrota significativa para Trump. Los conservadores tomaron una posición clara: la política comercial no es un arma presidencial de presión política. Una vez más, las acciones de Trump exceden los límites del debate ideológico: comprometen el Estado de derecho, la certidumbre jurídica y, en este caso en específico, el desarrollo económico de Estados Unidos y sus socios comerciales.
