Durante los últimos meses, el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos ha estado cubierto por andamiajes, lonas y tablas que evidencian los trabajos de restauración y conservación de la emblemática fachada que recibe a las personas bajo la imponente inscripción: “Igualdad de justicia ante la ley”. Resulta paradójico que, mientras en el exterior se renueva el espacio físico que alberga al tribunal más importante del país, en su interior se está orquestando un movimiento que está transformando profundamente el panorama jurídico estadounidense y que hacen temblar las columnas de mármol blanco que simbolizan el sistema de precedentes que sostiene al orden constitucional.
Un ejemplo de ello fue la orden que el tribunal emitió el viernes pasado, al validar un mapa electoral elaborado por el Congreso de Texas para reestructurar los distritos del estado. En un documento de apenas cinco párrafos, la Corte Suprema avaló uno de los intentos del Partido Republicano por preservar su poder de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre de 2026. Detrás de estos mapas se encuentra el gerrymandering, una práctica mediante la cual se manipulan distritos electorales para otorgar ventajas a un grupo específico. En el caso de Texas, el Congreso estatal diseñó la reconfiguración con la intención de fragmentar comunidades afroamericanas que comparten intereses políticos comunes y que podrían influir de manera decisiva en las elecciones. Al dividirlas, sus votos pierden peso.
Esta decisión —si es que puede llamarse sentencia— resulta preocupante en múltiples sentidos. Destaca, entre otras razones, que fue emitida a través del shadow docket, un mecanismo que permite al tribunal actuar sin justificar detalladamente sus determinaciones. Aún más inquietante es el hecho de que la Corte haya ignorado el principio Purcell, que establece que los tribunales federales no deben alterar las reglas electorales en la víspera de elecciones. Pese a ello, la Corte intervino a tan solo once meses de los comicios.
El viernes también dejó otro episodio que cimbró los cimientos constitucionales: la noticia de que la Corte Suprema decidió analizar la constitucionalidad de la orden ejecutiva mediante la cual el presidente Donald Trump, al inicio de su segundo mandato, buscó limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Este año, el equipo de Trump intentó llevar el caso al tribunal bajo el argumento de que los jueces estaban excediendo sus facultades al emitir suspensiones universales sobre políticas presidenciales. Sin embargo, ahora las y los nueve ministros deberán analizar directamente el fondo de la orden ejecutiva. La decisión ha desatado un debate intenso entre académicos y especialistas, pues la Enmienda XIV de la Constitución establece con claridad que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana y goza de todos los derechos que ello implica, incluida la igualdad de justicia ante la ley.
Y aunque la lista de casos que están sacudiendo al sistema jurídico estadounidense es amplia, vale la pena detenerse en un último acontecimiento: la audiencia del caso que determinará si Trump (y en realidad, cualquier presidente) tiene la facultad de despedir unilateralmente a los titulares de agencias independientes. En una sesión de poco más de dos horas, la mayoría originalista de seis ministros pareció coincidir con el argumento del fiscal John Sauer respecto a la necesidad de romper con un precedente que protege a quienes encabezan agencias creadas por el Congreso frente a remociones unilaterales del Ejecutivo.
Frente a estos hechos y ante el panorama que se vislumbra para la Corte Suprema en 2026, surge una pregunta inevitable: ¿por qué las y los ministros están provocando este desastre jurídico, apartándose de precedentes, modificando reglas y poniendo en duda certezas básicas? La respuesta parece sencilla: están abriéndole el camino a Trump para que continúe implementando su agenda y para que el Partido Republicano mantenga el control político. El 2026 será un año decisivo para el futuro de Estados Unidos y la Corte Suprema podría desempeñar un papel determinante en los resultados de las elecciones de medio término. Sin embargo, lo más relevante son los daños colaterales de estas decisiones: ¿cuánta legitimidad le queda al tribunal frente a la ciudadanía?
