No hay duda de que la imposición de aranceles a otros países ha sido una de las armas más poderosas de Donald Trump durante su primer y segundo gobierno. La gran diferencia es que, esta vez, ha adoptado medidas más agresivas invocando la International Emergency Economic Powers Act, una ley de 1977. Para justificar las emergencias bajo las cuales pretende imponer los nuevos aranceles, el presidente ha señalado la crisis del fentanilo —que involucra a Canadá, México y China— y, al mismo tiempo, ha argumentado el déficit comercial a nivel global.
En respuesta, un grupo de pequeños empresarios ha desafiado dichas medidas, y el caso ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos, en lo que probablemente será una de las sentencias más relevantes del periodo anual del tribunal.
La pregunta central del caso es si el Congreso le ha otorgado al presidente la facultad de imponer aranceles de manera unilateral. En una audiencia que duró casi tres horas, las y los ministros centraron su atención en analizar la ley invocada por el presidente, pues en ninguna de sus secciones se hace referencia al término arancel como una medida que el Ejecutivo pueda adoptar ante una emergencia. Los ministros también señalaron que, en cincuenta años, ningún presidente había invocado dicha ley con ese propósito.
En respuesta, el abogado del presidente, John Sauer, sostuvo que, aunque la palabra arancel no aparece de manera expresa, la ley sí le permite al presidente “regular las importaciones”, y esas palabras —según él— justifican las políticas comerciales impulsadas por Trump.
Otra cuestión clave está relacionada con la major questions doctrine, una tesis que establece que, cuando se trata de medidas con un impacto económico significativo, el Congreso debe otorgar autorización expresa al Ejecutivo. El presidente del tribunal, John Roberts, cuestionó la aplicación de esta doctrina en el caso, recordando que, durante la administración de Joe Biden, se bloquearon políticas como la condonación de deudas estudiantiles o ciertos gastos derivados de la pandemia de COVID-19 precisamente invocando esa misma doctrina.
Más adelante, el ministro Neil Gorsuch —considerado un voto clave en asuntos vinculados al gobierno de Trump— cuestionó la doctrina de nondelegation, la cual sostiene que el Congreso viola la Constitución cuando delega de forma ilimitada sus facultades al Poder Ejecutivo. En ese sentido, Gorsuch planteó una pregunta constitucional sobre la relación que debería existir entre ambos poderes electos por mayoría popular. Es decir, pareció sugerir que el Congreso no debería ceder al presidente la facultad de imponer aranceles.
Mientras las ministras liberales Sotomayor, Kagan y Brown Jackson se concentraron en un análisis textual de la ley invocada —jugando, en cierta forma, bajo las reglas del enfoque textualista promovido por los ministros conservadores—, el resto del tribunal se mostró escéptico ante los argumentos del gobierno de Trump. Esto incluye a votos potencialmente decisivos como los de los ministros Gorsuch, Roberts y Coney Barrett, quienes parecieron inclinarse en contra de las medidas.
Aunque la imposición de aranceles ha sido una herramienta poderosa y efectiva para conducir la política exterior de Estados Unidos, también es impopular dentro del país, incluso entre sectores conservadores que suelen apoyar a Trump. De los 44 amicus curiae presentados en el caso, 37 se manifestaron en contra de las medidas, e incluso uno de ellos fue emitido por académicos y exfuncionarios públicos conservadores de alto prestigio.
Este caso es especialmente relevante para México. Durante este año hemos sido testigos de las constantes amenazas de Trump de imponer aranceles a nuestro país. Una de las dos razones que el expresidente invocó para aplicar la ley fue precisamente la “guerra contra el fentanilo”, que involucra directamente a México. El gobierno mexicano se ha visto obligado a implementar medidas extraordinarias de seguridad en la frontera norte —algo que podría tener efectos positivos—, pero esto nos plantea una pregunta fundamental: ¿por qué un presidente extranjero debería tener la capacidad de imponer castigos económicos ante la falta de eficacia de las autoridades mexicanas en el combate al narcotráfico?
El propio gobierno de Trump ha solicitado que el caso se resuelva con rapidez, y dadas sus posibles implicaciones, se espera que la Corte Suprema emita sentencia en un plazo máximo de sesenta días. Es la primera vez que el tribunal muestra disposición a bloquear una medida impulsada por Trump, lo que no sería menor, pues el expresidente ha utilizado este tipo de políticas para inmiscuirse en asuntos internos de países como Brasil, Colombia, México y otros alrededor del mundo.