El costo invisible de la reforma judicial

La próxima semana se cumple un año de la llegada de seis nuevos ministros y ministras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de 846 personas electas adscritas a magistraturas de circuito y juzgados de distrito tras la elección judicial de 2025.

Durante los próximos días habrá una discusión amplia sobre los resultados de este experimento de elecciones judiciales. Se presentarán informes académicos, columnas de opinión, ensayos y programas dedicados a analizar la actuación de las nuevas personas juzgadoras, la calidad y cantidad de las sentencias que emitieron, su comportamiento público y el papel desempeñado por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

Sin embargo, hay otra parte de este aniversario que no debería pasar inadvertida. También se cumple un año desde que cientos de personas tuvieron que abandonar el Poder Judicial de la Federación. Quienes dejaron los cargos de ministro o ministra encontraron, en muchos casos, espacios para continuar ejerciendo su profesión desde la academia, la práctica privada o, simplemente, disfrutar del retiro. Algunas juezas, jueces, magistradas y magistrados todavía luchan para que el Órgano de Administración Judicial les reconozca y pague prestaciones a las que consideran tener derecho.

Pero quisiera detenerme en quienes no eran titulares de un órgano jurisdiccional. Pienso en las y los trabajadores que llegaron al Poder Judicial con la expectativa de construir una carrera judicial; en quienes llevaban años preparándose, acumulando experiencia y construyendo proyectos profesionales y personales alrededor de una vocación por la impartición de justicia. Pienso en el personal al que se le pidió la renuncia aun cuando quería permanecer y poner su experiencia al servicio de las nuevas personas juzgadoras. También en quienes decidieron marcharse porque dejaron de encontrar un futuro profesional dentro de la institución.

Hay algo que difícilmente puede entenderse desde fuera de los tribunales y es que el trabajo detrás de una sentencia requiere una enorme vocación de servicio público. Implica horas de estudio, jornadas que con frecuencia rebasan los horarios formales y un nivel de dedicación difícil de sostener cuando desaparecen las expectativas de crecimiento profesional. Detrás de cada resolución existen secretarios, actuarios, oficiales y equipos enteros cuyo trabajo pocas veces aparece en la conversación pública sobre la justicia.

Muchas de esas personas tuvieron que despedirse del mundo profesional que conocían y reinventarse en la academia, el sector privado, organismos internacionales u otros espacios. Esa capacidad de resiliencia es admirable, pero detrás de ella también existe frustración por el conocimiento y la experiencia que se perdieron en el camino.

Por supuesto, el Poder Judicial de la Federación tenía defectos importantes que debían corregirse. Como ha advertido Dieter Grimm al hablar del caso mexicano, la reforma adoptó una solución extrema. Un año después, varios de los problemas que pretendía combatir siguen presentes y otros parecen haberse profundizado.

El panorama para quienes permanecen tampoco resulta particularmente alentador. El Órgano de Administración Judicial ha puesto un énfasis creciente en la cantidad de asuntos resueltos, mientras persiste la discusión sobre las cargas de trabajo y la calidad de las decisiones. Al mismo tiempo, distintas prestaciones laborales han vuelto a colocarse bajo sospecha por un discurso que con demasiada facilidad confunde privilegios con condiciones dignas de trabajo.

Todo esto plantea un problema que va más allá de quienes hoy integran el Poder Judicial. Las instituciones necesitan atraer personas capaces, preparadas y dispuestas a dedicar años de su vida al servicio público. La antigua carrera judicial ofrecía, con todas sus deficiencias, una ruta para hacerlo: estudiar, concursar, ascender y aspirar algún día a encabezar un juzgado o un tribunal.

¿Qué incentivos quedan para construir una vida profesional dentro del Poder Judicial si la carrera judicial dejó de ofrecer una ruta para llegar a los cargos de juez o magistrado y, al mismo tiempo, las condiciones laborales se deterioran? ¿Qué tipo de justicia podemos exigir hacia afuera si no somos capaces de garantizar condiciones justas dentro de la propia judicatura? ¿A dónde irán las personas mejor preparadas, con mayor vocación y talento para impartir justicia, si el Poder Judicial deja de ser un lugar en el que vale la pena construir una carrera?

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