Antonin Scalia, uno de los ministros más destacados de la Corte Suprema de Estados Unidos, solía decir que el Derecho estadounidense es como un tablero del juego de mesa Scrabble. En él, las sentencias que emiten los jueces son las piezas que se van uniendo para construir las reglas que conforman el sistema jurídico estadounidense. Pero, ¿qué pasa cuando ese sofisticado juego de palabras pone en peligro la vida de la ciudadanía?
En 2019, el señor Kilmar Armando Abrego García recibió una orden de retención de traslado por parte de un juez de inmigración. Esta orden impedía que el señor Abrego fuera deportado y le otorgaba permiso para residir y trabajar en los Estados Unidos. El 15 de marzo, Abrego García fue detenido y extraditado a una cárcel en El Salvador, tras haber sido confundido con un miembro de la pandilla MS-13, designada como grupo terrorista en el país norteamericano. El 4 de abril, el Tribunal de Distrito de Maryland emitió una sentencia ordenando al gobierno estadounidense “facilitar y efectuar el retorno del señor García” antes del 7 de abril. Posteriormente, el gobierno del presidente Donald Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema.
Estas solicitudes de emergencia son conocidas popularmente como expedientes en las sombras, porque son casos en los que los ministros tienen muy poca información y tiempo para resolverlos. Además, las partes no pueden participar en audiencias orales para exponer sus argumentos y las sentencias no llevan la firma de ningún ministro en específico. En este contexto, la Corte Suprema emitió su resolución en el caso del señor Abrego el 10 de abril. En ella, el tribunal argumenta que se debe respetar de manera parcial la sentencia del Tribunal de Maryland, aunque introduce algunas precisiones.
En primer lugar, la Corte coincide en que el gobierno debe “facilitar” el retorno del señor Abrego a Estados Unidos. Sin embargo, aclara que el Poder Judicial no puede ordenar que se efectúe dicho retorno, ya que conducir las relaciones exteriores es facultad del Poder Ejecutivo y, en este caso, se necesita la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador. En otras palabras, el Poder Judicial le solicita a la administración de Trump que facilite el regreso de Abrego García, pero reconoce que no puede ordenarle que lo haga de una manera específica ni en un plazo determinado.
Parecería que la Corte Suprema dictó una sentencia a favor de Abrego García y, al mismo tiempo, a favor del gobierno de Trump. El tribunal juega con las palabras para presentar en el tablero una regla ambigua que abre las puertas a futuros litigios. Al mismo tiempo, actúa con mesura: las y los ministros saben que Donald Trump hará todo lo posible por desacreditar al Poder Judicial y que, en el peor de los casos, desobedecerá sus sentencias. De manera respetuosa y apelando a su buena fe, le están pidiendo al gobierno que enmiende su error y traiga de vuelta al señor Abrego García, pero bajo sus propios términos y condiciones. Sin embargo, el 14 de Abril el presidente de El Salvador, Nayiv Bukele, visitó la Casa Blanca y ante la interrogante de si cooperarían para regresar a García a Estados Unidos, tanto Bukele como Trump respondieron que no lo harán.
Mientras tanto, la vida de una persona corre peligro. Abrego García no ha podido comunicarse con su familia y no se sabe bajo qué condiciones se encuentra detenido en El Salvador. Además, la implementación de estas deportaciones sin un debido proceso podría afectar a cualquier persona, sin importar su estatus migratorio. De manera individual, la ministra Sonia Sotomayor advirtió que el gobierno “está implicando que podría deportar y encarcelar a cualquier persona, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, sin un debido proceso y antes de que pueda intervenir un tribunal”. ¿De qué sirve contar con un tablero de Scrabble sofisticado y lleno de reglas si estas no pueden servir como un contrapeso ante los abusos del Poder Ejecutivo?
