La diplomática estadounidense Samantha Power distingue entre dos rutas de respuesta ante actos de injusticia. La primera es la de alzar la voz, tomar una postura y emprender acción. A las personas que eligen esta vía las denomina Upstanders. Por otro lado, tenemos la opción de tomar una postura pasiva, optar por el silencio e ignorar el problema. A ellos los nombra bystanders.
En una época en la que Estados Unidos enfrenta una de las transformaciones más grandes en su política interior y exterior, la decisión de alzar la voz o mantenerse callado ante las acciones del presidente Donald Trump parece retomar una importancia extraordinaria. Pero ¿qué pasa cuando tu trabajo requiere de tu silencio para ejercerlo con profesionalismo y calidad? Esa había sido la realidad de las y los jueces de inmigración, hasta ahora.
El sistema judicial migratorio estadounidense es complejo. Como tal, no pertenece al Poder Judicial, sino al Departamento de Justicia. Es decir, al Poder Ejecutivo. Aunque el jefe directo de los jueces de inmigración es el presidente, históricamente nunca había habido interferencias entre el titular del ejecutivo y las decisiones de los jueces. Éstos últimos debían navegar por el sistema jurídico estadounidense para responder a una interrogante sencilla: ¿Quién sí y quién no puede permanecer en Estados Unidos?
La tarea de los jueces es interpretar y aplicar leyes, ellos deciden el destino de millones de personas y, por ello, su silencio es importante. Los jueces no hablan con la prensa o emiten comunicados con la finalidad de mantener su imparcialidad e independencia. Sin embargo, hace un par de semanas se publicaron entrevistas y reportajes que contienen testimonios de los cambios y arbitrariedades en el sistema judicial migratorio.
This American Life nos presenta un resumen de conversaciones con 15 jueces de inmigración, quienes nos cuentan sobre las decisiones que deben tomar ante casos de solicitud de asilo. Ellos deben cumplir con ciertos requisitos para el trabajo; después de todo, deben comprender las leyes y el ambiente que rodea al sistema. Por ejemplo, muchas y muchos de ellos deben ser capaces de traducir documentos a otros idiomas o comprender las situaciones de violencia que atraviesan otros países.
Algunos jueces cuentan que en los casos hay dos partes: la persona que solicita el asilo y los representantes gubernamentales del Department of Homeland Security. Durante este año, el gobierno tomó la decisión de solicitar que se disolvieran los casos. Esta fue una estrategia peligrosa: la única razón por la cual las personas podían permanecer en el país era porque tenían un proceso en curso y, como éste había sido desestimado, podían ser detenidos al instante. Aunque algunos jueces encontraron la manera de aplicar la ley para negar la disolución de casos de manera legal, el Departamento de Justicia comenzó a mandar comunicados a los jueces sugiriéndoles, de manera casi coactiva, que disolvieran los casos. Los mensajes subieron de tono, incluso había una página de internet en la que publicaban las caras de los jueces que no disolvían los casos. Las amenazas llegaron a tal punto que comenzaron a despedir a jueces a plena luz del día. Algunas juezas relatan que tuvieron que suspender audiencias porque les llegó un correo indicándoles que habían sido removidas de sus cargos y que debían entregar sus credenciales inmediatamente.
Si lo anterior no fuera suficiente, la administración de Trump ha anunciado que nombrará alrededor de 600 jueces militares a los tribunales de inmigración. Sin embargo, la ley únicamente permite que estos nombramientos sean temporales. Por ello, los perfiles de redes sociales del Departamento de Justicia se han llenado de publicaciones anunciando vacantes a jueces de inmigración. El llamado es sencillo: TERMINA CON LA INVASIÓN. Los requisitos se limitan a ser una persona abogada.
Claramente, el presidente Donald Trump ha violado el principio de la independencia judicial, presionando a los jueces con experiencia y carreras especializadas, removiéndolos y nombrando a personas que no están preparadas para ejercer el cargo. Además, con sus anuncios presenta un gran sesgo: las personas inmigrantes están invadiendo Estados Unidos y deben ser deportadas, sin importar su situación. ¿Con qué confianza llegarán las personas a presentar sus casos después de esto? ¿Hasta dónde llegarán las políticas migratorias de Trump? ¿La ciudadanía estadounidense mantendrá una postura activa ante todo esto o seguirá ignorando el daño que su presidente le ha hecho al sistema de impartición de justicia?