La actual Corte Suprema de Estados Unidos no se caracteriza por su moderación ni por el respeto al precedente. En los últimos años, una mayoría sólida de seis ministros conservadores ha desmontado piezas clave del marco jurídico estadounidense: anularon precedentes con casi medio siglo de vigencia, como Roe v. Wade, el emblemático caso que reconoció el derecho fundamental al aborto; eliminaron la doctrina Chevron, debilitando al Estado regulador; y blindaron al presidente con inmunidad frente acciones cometidas en el ejercicio del poder.
Pero el deterioro institucional no se detiene ahí. Varios ministros han sido señalados por sus vínculos con empresarios y, aunque no tiene nada de malo tener amistades poderosas, sí lo es aceptar regalos como casas o viajes en yates privados sin declararlos. Esa falta de transparencia es la que pone en duda la independencia de los miembros del tribunal supremo. Y por si fuera poco, se ha documentado que las esposas de algunos ministros han apoyado abiertamente a Donald Trump, participando incluso en los esfuerzos por deslegitimar la elección presidencial de 2020.
¿Cómo llegaron a este punto? Algunos analistas estadounidenses han buscado respuestas en figuras como el ministro David Souter, quien falleció el jueves pasado a los 85 años. Nombrado en 1990 por George H. W. Bush, Souter llegó al tribunal como un ministro moderado, discretamente conservador. La expectativa republicana era clara: votaría en línea con los intereses del partido. Pero se equivocaron.
Y es que muchas veces olvidamos que el Poder Judicial es diferente a otros poderes. Su función no es política, sino constitucional. Una vez que alguien asume el cargo de ministro, su deber es interpretar la Constitución y la ley según sus capacidades, no según la agenda del partido que lo nominó. La independencia judicial busca precisamente eso: que los jueces actúen sin presiones y sin lealtades partidistas.
Souter encarnó esa independencia de manera ejemplar. En 1992, en el caso Planned Parenthood v. Casey, la Corte se enfrentó a un intento por revertir Roe v. Wade. Los conservadores confiaban en tener los votos suficientes para lograrlo: después de todo, la mayoría de los jueces habían sido designados por presidentes republicanos. Pero Souter, junto con Sandra Day O’Connor y Anthony Kennedy, sorprendieron a todos al reafirmar el precedente y defender el derecho al aborto.
La opinión que redactó Souter en ese caso refleja una defensa del stare decisis, un principio que sostiene que los precedentes deben respetarse para dar estabilidad y coherencia al sistema. “Revocar el principio esencial de Roe en las circunstancias actuales”, escribió, “implicaría un daño profundo e innecesario tanto a la legitimidad del tribunal como al compromiso de la nación con el Estado de Derecho”.
Souter era un ministro profundamente preocupado por el rumbo de la Corte. Según relata Jeffrey Toobin en Los nueve, consideró seriamente en retirarse tras el fallo de Bush v. Gore —el caso que le dio la presidencia a George W. Bush— por la vergüenza y el dolor que le causó la politización del tribunal. En su opinión, la Corte nunca debió haberlo aceptado.
Su independencia no solo decepcionó a los conservadores; los movilizó. A partir de ese ejemplo, la derecho estadounidense extendió sus esfuerzos para asegurarse de que nunca más un juez “traicionara” su causa. De ahí surgió el movimiento “No more Souters”, que impulsó nominaciones mucho más ideológicas y leales.
Entonces, ¿fue Souter el responsable de la polarización de la Corte? En absoluto. Si algo nos enseñó, fue que un juez íntegro puede —y debe— resistir las expectativas políticas. Los verdaderos responsables de la crisis actual son los actores que han capturado al Poder Judicial como si fuera una extensión de su proyecto político y también una ciudadanía que, en ocasiones, no entiende del todo el rol de los jueces en una democracia.
En palabras del propio Souter: “Hay un peligro para la independencia judicial cuando la gente no entiende cómo encaja el Poder Judicial en el esquema constitucional”. Esa advertencia no podría estar más vigente hoy. La legitimidad del tribunal solo se defiende con jueces que entiendan que su lealtad no es con un partido, sino con la Constitución.
