Partamos de una realidad. A nadie le gusta pagar impuestos y menos a quienes por mucho tiempo fincaron su bonanza en la evasión o la elusión fiscal. Por eso, si ahora la autoridad amenaza con una supervisión permanente y en tiempo real, muchos se sentirán acosados.
En mi entrega pasada te expuse mi escepticismo sobre los argumentos de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) sobre la presunta maldad del artículo 30-B que el Gobierno de México quiere añadir al Código Fiscal de la Federación. Creo que me faltó contundencia en mi argumentación, pero pequé de corrección política.
Escribí: “si mi abuelita tuviera ruedas…”, como queriendo decir que no inventen lo que no existe. Dicho de manera más vulgar, creo que le están buscando pezones a los lagartos o están miccionando fuera del recipiente.
Es claro que, con esta medida, el gobierno federal busca tener acceso irrestricto, permanente y en tiempo real a los sistemas de las plataformas digitales, pero en asuntos fiscales. Si estuvieran en riesgo los derechos humanos, la privacidad, los datos personales y hasta el debido proceso, no estaríamos hablando de cambios al Código Fiscal, sino al Código Penal o de Comercio, por ejemplo.
Y vuelvo al tema porque ahora la Asociación Mexicana de Internet (AIMX), se suma a esta cruzada en favor de las libertades ciudadanas, con argumentos similares. Es muy probable que me equivoque, pero leí con mucho cuidado la Iniciativa de Reforma al Código Fiscal de la Federación y no encontré nada que ponga en riesgo esas “libertades democráticas”.
Los argumentos de la AIMX están plagados de presunciones, tecnicismos leguleyos y sofismas constitucionales. Lamentablemente, estos razonamientos se fundamentan en una deficiente y ambigua redacción de la Iniciativa.
El documento genera confusión entre varios conceptos como plataformas y prestadores de servicios digitales. Además, no deja claro la manera en la cual el SAT definirá los alcances, las reglas y los sistemas que se usarán para que se cumpla con la norma.
Esa deficiente redacción le permite a la AIMX irse hasta la cocina con argumentos de ciberseguridad, propiedad intelectual, y hasta de modelo de negocios.
Pero no nos engañemos, la iniciativa tiene la intención de detectar y fiscalizar a toda esa fauna de defraudadores que venden a raudales usando las plataformas digitales. Insisto, varios marketplaces, que son los principales defensores del mercado libre, son quienes se hacen de la vista gorda y toleran la evasión fiscal de prestadores de servicios que no te dan factura cuando compras, sino una simple nota de consumo. Ve tú a saber si solo son artículos de contrabando o también robados.
Quienes no quieren que se fiscalicen estas operaciones, son los mismos que se quejan de que no se regula la economía informal. Malas noticias. Vender sin factura en plataformas digitales también es economía informal y no solo los que venden en las calles. Pero la economía informal también es quienes cobran por dar un servicio de contenidos de streaming sin pagar suscripción y mucho menos impuestos.
Además, por qué estas plataformas que saben exactamente lo que consumes, cómo, dónde, a qué hora, con qué dispositivo y casi con quién, no podrían diseñar un sistema (con Kubernetes, por ejemplo) que le permita a la autoridad detectar únicamente operaciones comerciales sin Registro Federal de Contribuyentes. A poco les cuesta mucho trabajo bloquear la cuenta de un prestador de servicio que no tiene representación oficial en México.
Son argumentos que, dicho coloquialmente, los usan para espantarnos con el petate del muerto. Sin embargo, reconozco que se necesita el diálogo con los legisladores para aclarar todas las ambigüedades. Para eso son los parlamentos, para parlar. No obstante, me indigna que quieran usar de pretexto la defensa de los derechos de los pobrecitos ciudadanos cuando realmente quieren proteger un jugoso negocio.
The whole of the moon
La semana pasada supimos de una alianza muy interesante, pero por asuntos de agenda quedó un poco escondida. Se trata del acuerdo firmado entre Kio Data Centers, que encabeza Octavio Camarena, y Lonestar, una empresa especializada en almacenamiento de datos en el espacio. ¡Ah, caray!
Sí, en serio: hablamos de consulados digitales en la Tierra conectados con embajadas digitales muy cerca de la Luna.
La idea es que los centros de datos de Kio sirvan como enlace con el almacenamiento lunar de Lonestar. Si todavía pensamos que el cloud es lo más avanzado, ahora resulta que vamos rumbo al “moon computing”. Y no es un capricho cósmico. Camarena nos dijo por separado que este acuerdo convierte a Kio en la primera empresa latinoamericana en respaldar de forma activa el almacenamiento de información fuera del planeta.
El plan busca construir una arquitectura híbrida con un grado de resiliencia y seguridad de datos nunca antes visto. Suena ambicioso, pero tiene lógica. La humanidad genera 181 zettabytes de información al año y alguien tiene que guardarlos lejos del caos terrícola. Mejor en una bóveda lunar que en un sótano con aire acondicionado.
En su fase inicial, el enfoque estará en los gobiernos pues los datos críticos que no deben perderse son los de ellos, aunque algunos preferirían borrarlos para siempre. Después vendrán los bancos, hospitales y hasta el retail. O sea, desde presupuestos nacionales hasta el historial de compras de tu carrito en línea, todo podría acabar flotando en discos espaciales.
Camarena afirma que con esta jugada Kio “disrumpe los límites humanos a través de la tecnología”. La frase suena a pitch de Silicon Valley, pero no deja de tener algo de razón. Llevar la protección de datos literalmente fuera de este mundo es un golpe estratégico y, de paso, una señal de que América Latina también puede jugar en la cancha grande de la innovación.
Así que, mientras algunos todavía discuten si su internet llega o no al baño, Kio ya anda pensando en cómo respaldar tu información en la Luna o muy cerca de ella.
*Columnista y comentarista
