Estados Unidos está en guerra, pero no en una convencional. Por razones de seguridad, la administración del presidente Trump ha determinado que se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga. Esto ha causado sorpresa y confusión, ya que muchos de los objetivos señalados se encuentran fuera de territorio estadounidense.
El otoño inició lleno de tensiones. Ha habido ataques armados contra supuestos traficantes en el Caribe, aguas internacionales y las cercanías de Venezuela. Han llegado buques de guerra, por lo menos un submarino, un avión F-35 y tropas, en el caso de Puerto Rico.
Atacar narcoterroristas en territorio norteamericano implicaría una reacción violenta sin observancia de los derechos humanos. Al exterior, significaría abatirlos en otra soberanía y sin la revisión del Congreso “americano”, sin autorización del país donde se irrumpe y sin filtros del derecho internacional. En un mundo de anarquía, la intervención de EU es necesaria, o por lo menos así se justifica en el discurso.
El argumento es que estos actores delincuenciales están teniendo más influencia que los gobiernos, organismos internacionales e incluso, llegan a tomar las riendas de Estados-nación. En el caso de la seguridad nacional de la Unión Americana, representan una amenaza por contribuir a miles de muertes por fentanilo, por ejercer acciones trasfronterizas, generar terror, crimen financiero y control territorial en países vecinos.
La denominación de cárteles de la droga como grupos terroristas colocó a nuevos jugadores en el tablero mundial. Se vigila a gobiernos, empresas e individuos que interactúan con ellos, con énfasis en América del Norte y América Latina. Las represalias van de lo militar a lo financiero y son encabezadas por dependencias como el Departamento de Estado de EU, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el nuevo Departamento de Guerra.
Los latinoamericanos oíamos en el siglo XX que una empresa extranjera podía desestabilizar a una economía o un régimen latinoamericano. En las condiciones actuales, es paradójico escuchar que un grupo delincuencial latinoamericano tiene la capacidad de afectar la salud y al interés nacional “americano”.
Los grandes poderes como China, Rusia, Reino Unido y los emergentes como India se han ocupado de sus propios asuntos de terrorismo. Otros países han solicitado o sufrido injerencia extranjera para combatirlo. Existe la tradición de que los terroristas son delincuentes que se pueden contener internamente o con cooperación internacional, mas es reciente que se les considere más poderosos que los propios gobiernos.
Estábamos acostumbrados a que la Casa Blanca hablara de acuerdos entre líderes mundiales, Naciones Unidas y el Banco Mundial o de la amenaza de ideologías marxistas, fundamentalistas y terroristas. Ahora se escucha una redefinición de guerra, el uso de la fuerza frente a traficantes-terroristas y narco-gobiernos. Conceptos que todavía no tienen un consenso amplio dentro de la metodología bélica y el derecho internacional, pero que ya se discuten en las escuelas de Relaciones Internacionales.
Los narcoterroristas ya son de facto un actor internacional. La pregunta es cómo se debe enfrentarlos y bajo que marco legal. ¿Sus colaboradores deben ser castigados como socios de terroristas, entes gubernamentales, empresariales o simples criminales?
Especialista en geopolítica y miembro de Comexi
