El reciente caso del empleado llamado Fortino, de la empresa Coca Cola, quien cumplía jornadas de 7:00 am a 8:00 pm y que murió de un infarto, después de que se le negaran permisos para acudir al médico, volvió a recordar el limbo en el que se encuentran secuestrados los derechos laborales en México, aún con las leyes que llevan décadas operando, supuestamente para la protección de los trabajadores.
En esas lagunas legales siguen vigentes decenas de fórmulas y malas prácticas que empresas privadas e instancias del gobierno realizan para evitar que un trabajador adquiera antigüedad o estatus de derechos laborales asimilados, escenario en el que son famosos los contratos de seis y hasta tres meses, cambios en los nombres del mismo puesto con contratos freelance e incluso una desproporcionada inversión en áreas de asuntos jurídicos con respecto a las prestaciones que se deberían dar a los trabajadores.
En el caso de las diversas instancias de gobierno, resulta irónico que esas mismas direcciones de asuntos jurídicos, de manera casi automática, alarguen los juicios por años cuando un trabajador se atreve a demandar sus derechos de manera legal. Estas áreas terminan endeudando más a sus secretarías y oficinas gubernamentales y cuando los fallos son a favor del trabajador, se les suman a los pagos todos los años que los abogados agregaron con sus artimañas, dinero que es pagado con nuestros impuestos.
La antigüedad laboral se ha convertido desde hace algunas décadas en el peor enemigo de quienes contratan empleados. Para evitar que un trabajador adquiera derechos y su permanencia en la empresa se mantenga en un conveniente limbo legal, se utilizan artimañas como el contrato por capacitación inicial, contrato por periodo de prueba, contrato por relación de trabajo temporal o incluso contrato como colaborador externo o freelance. A veces, cuando el abanico de contratos temporales ya no es suficiente para justificar la permanencia de un trabajador, éste comienza a ser incorporado de forma intermitente bajo proyectos con diferentes nombres, algunos incluso inexistentes.
Es precisamente esa impunidad y la manera como los trabajadores son amedrentados con la consigna de que si no firman pueden prescindir de laborar en las empresas y buscar sus derechos por la vía legal, lo que mantiene todo este asunto dentro de lo que algunos expertos llaman: “una ilegalidad solapada”.
Dentro de esta paradoja, la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo, publicitaba desde hace años sus servicios en sus 48 oficinas ubicadas en la República Mexicana con asesorías en materia de despido injustificado, pago de pensiones por invalidez, riesgo de trabajo, así como fondos de ahorro, designación de beneficiarios y devolución de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, entre muchas otras.
Las grandes lagunas en las leyes laborales permiten a las empresas e instituciones públicas seguir enturbiando las aguas de los derechos de sus trabajadores a sabiendas de que los protegen oscuros filtros: desde una burocracia infinita, plazos de espera para audiencias y resoluciones que se extienden hasta varios años, además de artilugios legales, intimidaciones y corruptelas entre abogados, sin contar el elevado costo de servicios legales, así sea pro bono.
En 2018 fue famoso el hashtag #YaPágameINBA con el que los trabajadores del Museo Nacional de Arte se manifestaron después de exigirles entregar documentación para ser recontratados vía outsourcing con prestaciones a cambio de una disminución en su salario, todo ello regido por el ya célebre y cuestionable instrumento llamado Capítulo 3000 que provechosamente está regido por la Ley de Adquisiciones y no por la Ley Federal del Trabajo.
En este aspecto, quisiera narrar con fines periodísticos y como ejemplo de este problema, mi propio caso a nivel personal como trabajador que emprendió un juicio para exigir sus derechos a la Secretaría de Cultura del gobierno de México, que actualmente preside Claudia Curiel de Icaza.
Desde 1998 y hasta 2019, más de dos décadas, laboré como periodista especializado en arte y cultura para la la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura, antes Conaculta, bajo las administraciones de Rafael Tovar y de Teresa, Sari Bermúdez, Sergio Vela, Consuelo Sáizar, nuevamente Rafael Tovar y de Teresa y finalmente María Cristina García Cepeda.
Desde el inicio fui inmerso en una serie de prácticas laborales irregulares con los consabidos contratos freelance por seis meses, mismos que en ocasiones se convertían en contratos de honorarios externos, honorarios asimilados. De pronto un año me daban una plaza con todas las prestaciones de la ley, misma que en la siguiente administración retiraban para devolverme ilegalmente al régimen de honorarios externos. Un año después, me asimilaban con derechos nuevamente… todo ello en base al oleaje de la burocracia de la Secretaría en cada sexenio y a las idas y venidas de los jefes en turno.
Sin embargo, mis labores como empleado no cambiaron en esos 20 años y la colección de contratos reunidos en dos décadas de trabajo bajo diversas modalidades y ocurrencias laborales por parte de la Secretaría, contrastan con los más de 16 mil textos, entre coberturas, notas informativas, crónicas y reportajes firmados con mi nombre e iniciales que a lo largo de ese tiempo fueron publicados oficialmente en el portal de la Secretaría (y que guardo en varias pilas de papel impreso), la mejor y más infalsificable prueba de mi trabajo y antigüedad en esa instancia.
Días antes de iniciar el año 2019 fui despedido injustificadamente y la nueva administración en turno se negó a tener cualquier contacto conmigo para la renovación de mis labores, aspecto por el que inicié ese mismo año una demanda, misma que consta bajo el expediente 2974/19 de la sexta sala y que fue contestada el 7 de junio de 2019 por la entonces apoderada legal de la Secretaría de Cultura.
Mi abogado encontró decenas de ilegalidades en la relación laboral que la Secretaría de Cultura mantuvo conmigo y que consta en una montaña de contratos anuales, semestrales y trimestrales. Pero nada más indignante, cuando los representantes de entonces en el área de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, se negaron a reconocer mi antigüedad de 20 años y ofrecieron extraoficialmente 20 mil pesos como finiquito por mis dos décadas de servicio.
Después de rechazar aquella humillante propuesta, continuamos las acciones legales para que la Secretaría de Cultura, que en ese tiempo estaba ya a cargo de Alejandra Frausto, reconociera mis derechos de dos décadas como trabajador.
Han pasado seis años de lucha en los que tuvimos que enfrentar idas y vueltas a los tribunales y sortear amparos de la Secretaría de Cultura, que hoy, como mencionamos, está bajo el mando de Claudia Curiel de Icaza. La buena noticia es que desde el año pasado los jueces del Tribunal fallaron a mi favor en la demanda, reconociendo todos mis derechos, mi antigüedad y la responsabilidad de la Secretaría para hacerlos valer, todo ello después de que su aparato legal apelara en varias ocasiones, aumentando el tiempo del proceso y engrosando aún más el monto económico que se me debe cubrir por cada día que pase, mismo que hoy suma varios millones de pesos, además de mi reinstalación.
El próximo 19 de junio de 2025, de acuerdo al fallo del tribunal, debo acudir a la Secretaría de Cultura, junto con mi equipo legal y un actuario del tribunal para el cumplimiento del fallo a mi favor, mismo que incluye mi reinstalación, el pago por concepto de salarios caídos, mismos que deben ser actualizados hasta el mes en curso de 2025, el pago de primas vacacionales, quincenales y aguinaldos, pago de aportaciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (IMSS), Fondo de Vivienda de dicho instituto y Sistema de ahorro para el Retiro.
En dicho fallo, uno de los puntos que más me da satisfacción, después de seis años de lucha por mis derechos, es que la Secretaría de Cultura debe de reconocer que la separación de mis labores se dio de manera injustificada al no cumplirse con lo previsto en el artículo 46 bis de la ley burocrática (prestación f) y que se reconozca mi antigüedad. Incluso se señala que en caso de que la Secretaría de Cultura no de cumplimiento a lo ordenado se le impondrá como medida de apremio una multa, con fundamento en los artículos 148 y 150 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado.
Desde el punto de vista periodístico, sin duda este juicio, ha sido muy aleccionador, para un servidor, sobre la urgencia de transformar en nuestro país los procesos y herramientas para proteger a los trabajadores. A nivel personal, después de estos seis años de lucha, le encomendaría a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, vigilar que el próximo 19 de junio de 2025, el área de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, dé cabal cumplimiento al adeudo que se tiene conmigo y que a causa de las malas praxis para no reconocer mi estatus y antigüedad como trabajador, ha aumentado en seis años más las retribuciones. Creo que por mero ahorro económico para las arcas del Estado y para evitar una multa, debería ser así, porque por cada día que pase, sigue aumentando la remuneración a mi favor.
Lo cierto es que los empleados que entregan su esfuerzo durante años a una empresa o institución son la fuerza que construye al país y sin importar los cambios políticos y sociales, no deberían ser tratados como meros factores desechables. Si usted, estimado lector, se sintió identificado con nuestro caso, al que seguiremos dando seguimiento, y vive actualmente una situación similar de demanda de sus derechos laborales, escríbanos. Debemos sembrar con paciencia la semilla para hacer el cambio en nuestros derechos laborales.
Homero Bazán Longi
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