La gentrificación es un fenómeno complejo que ha transformado drásticamente muchas ciudades alrededor del mundo, y la Ciudad de México no es una excepción. Si bien la lucha contra la gentrificación es legítima y necesaria para proteger a las comunidades vulnerables, esta batalla a menudo se ve envuelta en contradicciones, particularmente en lo que respecta a la focalización de las protestas y las soluciones propuestas.
Una de las contradicciones más evidentes surge cuando el descontento se dirige principalmente hacia los extranjeros, como se evidenció en la reciente protesta de este cuatro de julio en la CDMX. Todos fuimos testigos de la ingenuidad de las supuestas propuestas. Incluso un joven ingenuo con altavoz decía que los predios que estuvieran ociosos en colonias como la Roma y Condesa los iban a expropiar. En qué cabeza cabe esa falta de conocimiento de las leyes básicas. Más parecía una protesta de algún programa infantil de los noventa transmitido por la nunca bien ponderada cadena Nickelodeon.
Si bien es cierto que la afluencia de extranjeros, especialmente aquellos con mayores ingresos, puede acelerar el proceso de gentrificación al inflar los precios de la vivienda y los servicios, la simplificación de culpar únicamente a este grupo desvía la atención de las verdaderas causas estructurales que son la semilla de que los derechos laborales en México sean pisoteados junto con un sistema que favorece los bajos salarios.
Es innegable que cada día crece más una enorme o enormísima brecha salarial entre muchos extranjeros que residen en la ciudad de México y la mayoría de los trabajadores mexicanos. Datos recientes, aunque variables según la fuente y el sector, sugieren que los salarios promedio de algunos superan has 15 veces los salarios mínimos mexicanos.
Mientras un profesional mexicano en un puesto de nivel medio podría ganar alrededor de 15 a 30 mil pesos mensuales, un extranjero en un puesto similar, especialmente en industrias como la tecnología o servicios financieros, podría fácilmente percibir, incluso trabajando a distancia en línea, salarios que superan los 70 y 150 mil pesos. Eso no lo mencionó el joven imitador del che Guevara con altavoz de la protesta del cuatro de julio en la Condesa, solo se limitó a decir ingenuamente que iban a expropiar los predios, mientras los borregos aplaudían como en programa infantil.
Es en realidad la disparidad de sueldos, alimentada por factores como el tipo de cambio, la política de compensación de empresas transnacionales, la que crea una presión insostenible sobre el mercado de vivienda y los costos de vida para los residentes locales. Algunos sueldos en la ciudad de México y otros estados no se han incrementado más que en proporciones bajísimas desde hace 20 años.
Como ya lo mencionamos, centrar la lucha exclusivamente en "expulsar" a los extranjeros o pedir la expropiación de propiedades privadas, no solo es una solución simplista, sino absolutamente incoherente. Le mencionamos al joven del altavoz que también corre el riesgo de caer en la xenofobia. La propiedad privada, dentro de un marco legal, es un derecho protegido y su expropiación generalizada sin compensación adecuada y justificación sólida sentaría un precedente peligroso para la seguridad jurídica y la inversión.
Si fuera yo desconfiado (risas) diría incluso que este tipo de marchas podrían estar manipuladas por diversos sectores para desviar la atención de las protestas hacia problemas estructurales más profundos, dando, como en la antigua Roma, pan y circo y muchos chivos expiatorios.
La gentrificación es, en gran medida, un síntoma de un modelo económico que prioriza la inversión inmobiliaria y el capital sobre las necesidades habitacionales de la población, junto con una precarización laboral sistémica. En lugar de atacar a los extranjeros, las protestas deberían encaminarse con mayor fuerza a exigir mejores condiciones laborales para los mexicanos, un sistema con acceso universal a servicios de salud, pensiones justas y seguros de desempleo.
Pero también, como en la nota que hace algunas semanas dedicamos a la Secretaría de Cultura y a Claudia Curiel de Icaza para que vigilara el caso que mencionamos, se debe avanzar también en la defensa de los derechos laborales.
En el caso de la regulación del mercado inmobiliario, se deberían incluir en esas protestas, para que tomen algún tinte de seriedad, políticas de control de rentas, la creación de vivienda asequible por parte del gobierno, la regulación de plataformas de alquiler a corto plazo y la imposición de impuestos progresivos a la propiedad o a las viviendas vacías para desincentivar la especulación.
Si bien la afluencia de extranjeros con mayor poder adquisitivo es un factor que exacerba el problema, las protestas que se enfocan únicamente en ellos, alejan la atención de una reorientación estratégica que ponga el énfasis en la mejora de las condiciones laborales y salariales. Seguiremos de cerca este tema.
